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COMENTARIOS AL LIBRO “EL COGOBIERNO AUTONÓMICO”.
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar en la presentación de este libro, sobre cuyo contenido me caben varias cosas de ésas que los abogados suelen llamar las “generales de la ley”.
No sé si la finalidad de la invitación ha sido que contribuya de alguna manera a recordar la huelga de la Ley Orgánica, que por estos días cumple 50 años. Lo cierto es que no me creo en condiciones de contribuir al “milagro de la evocación”, como dice el poeta, ésa es tarea de historiadores. Además, para decir la verdad, no soy muy afecto a los aniversarios, por variadas razones que ameritarían un examen aparte.
Más bien, me gustaría mirar este libro con mis ojos actuales, que no son los de mi juventud lejana. Me gustaría saber, aunque fuera en una medida limitada y sobre algunos puntos parciales, qué nos dice esta vieja experiencia sobre nuestros dilemas presentes y futuros.
El libro consta de una introducción y tres capítulos. Cada capítulo tiene a su vez una introducción explicativa y una serie de documentos seleccionados por las autoras.
El primer capítulo se refiere a la preparación del proyecto en la Universidad, al debate parlamentario y a la Ley resultante. El segundo, al movimiento estudiantil y las luchas sindicales de la época. El tercero, se llama “Una etapa de fortalecimiento institucional” y se refiere a algunos aspectos de la Universidad en los 4 años siguientes a 1958.
Es un tema en el cual hay escasa información disponible, que esté razonablemente bien organizada. Gran parte de los archivos personales ha desaparecido, especialmente durante la dictadura. La selección de los textos es prolija y cumple la función principal que, a mi juicio, un texto de esta naturaleza debe tener: nos hace pensar.
Quiero empezar mi análisis diciendo que la clasificación es muy acertada, porque hay en realidad 3 temas, no uno.
El primero, es la elaboración de la opinión universitaria. El segundo es el movimiento social y político circundante, que fue determinante para la aprobación de la ley y extraordinariamente influyente en la evolución política del país. El tercero, el efecto real sobre la Universidad como institución académica, por lo menos en los primeros años de aplicación de la ley.
1) El proceso de elaboración universitaria, es descrito en el libro, mediante una síntesis excelente.
Una vez aprobada la Constitución de 1951, la Universidad encaró la elaboración de su proyecto de Ley Orgánica. Ello ocupó a la Asamblea General del Claustro entre 1952 y 1957 y el Consejo Central aprobó el proyecto en abril de 1958, remitiéndolo al Parlamento. La discusión en el Claustro se refirió básicamente a la distribución del poder interno, a las potestades de los órganos y a los fines generales de la institución. No hay, en las mil páginas de las actas, casi ninguna alusión a los debates sobre la cuestión universitaria en el mundo, en una época en que las universidades pasaban por transformaciones profundas, que marcarían un verdadero quiebre de su papel social e intelectual con respecto al pasado.
Cuando digo “distribución del poder interno”, me refiero básicamente a la participación estudiantil en los órganos de gobierno, que fue el aporte principal de la ley de 1958, además de la unificación de una cantidad de normas legales que se habían ido acumulando, de manera más o menos desordenada. No es extraño, entonces, que los debates principales hayan sido entre los delegados estudiantiles de la época y los profesores de Derecho.
Una de las cosas que impresiona al lector de hoy, es el verbalismo de la tradición universitaria, los discursos alejados completamente de la realidad, pero bien formulados, retóricamente impecables. En ese sentido, pienso que es un excelente aporte del libro el hacer referencia al Estatuto de 1935, formulado como proto-proyecto de ley durante la dictadura de Terra, muy elogiado y probablemente poco conocido.
En mi generación, el Estatuto tenía nivel evangélico, pero no lo habíamos leído o entendido realmente. Por un lado, reivindicaba la autonomía, reacción ante un régimen de facto. Pero al mismo tiempo, se trata de un documento delirante, que propone que la Universidad sea toda la educación y la cultura del país. “Toda”, quiere decir “toda”. Dice que “La Universidad de la República es el conjunto de los institutos de cultura del Estado”; eso debería incluir la enseñanza primaria, secundaria, media profesional, universitaria, la Biblioteca Nacional, el SODRE, toda otra expresión cultural. Todo eso y varias cosas más, según los redactores del 35, debía ser la universidad.
Claro que, como siempre, había una lógica: la ley de 1908 había fragmentado a la institución, creando el sistema de Facultades profesionales como base de su estructura, y la respuesta del Estatuto del 35 fue unir todo en un gran universo complexivo, que sólo podía figurar en un proyecto o en un discurso, no en la realidad.
Parte de ese verbalismo tiene que ver con la visión que teníamos nosotros mismos de la Ley Orgánica, un par de décadas después. Pensábamos que la LO abriría el camino a la transformación de la institución, a su puesta al servicio de las causas populares.
No hay que olvidar que la UR tenía quizá unos 10 mil estudiantes reales a fines de los años de 1950, era una institución muy elitistia (las cifras formales de inscriptos son algo mayores para esa época, pero no son realistas). En algún lugar he dicho que los estudiantes eran los hijos de la burguesía comerciante montevideana, una parte de la oligarquía rural y algunos colados (entre los que tuve la fortuna de contarme). Si pensábamos que la LO operaría esa mutación, es porque tendríamos la participación directa de los estudiantes en el gobierno. Nosotros seríamos la garantía de que a la ley seguiría un cambio profundo de la universidad.
En el manifiesto estudiantil a la clase obrera al que se refiere el libro que comentamos, decía la FEUU: “Reducida a su condición de agrupación de Facultades profesionalistas, sin un espíritu unificante, mal puede cumplir su función social... El proyecto de Ley Orgánica elevado por la Universidad al Parlamento es, en este sentido, el instrumento jurídico que permitirá el desarrollo de una nueva Universidad...”
Nadie había definido que quería decir “nueva”, nos referíamos a grandes principios de justicia.
Es por eso que probablemente no habíamos leído con atención el texto de la misma ley por la que saldríamos a luchar, que las autoras de este libro han puesto a nuestra disposición. Dice la fundamentación de motivos del mensaje universitario al Parlamento, que:
“El proyecto, de aprobarse, no supondrá un cambio acentuado en el Instituto que rige la enseñanza superior”. Es difícil decirlo más claramente.
Más allá de nuestra verba encendida, estaba escrito en el mismo proyecto que la estructura de la institución no habría de cambiar mayormente: efectivamente, continuaría siendo la de la ley de 1908, de Facultades profesionales tradicionales. Esa ley, que había provocado la renuncia del gran rector Eduardo Acevedo, continuaría dándole a la Universidad de la República su organización hasta hoy.
No es extraño que así haya ocurrido: los redactores principales del proyecto fueron juristas relevantes, profundamente conservadores, por cuya cabeza no pasaban los cambios de los sistemas universitarios. Pienso en Eduardo Jiménez de Aréchaga, que después fuera Ministro del Interior en épocas muy duras y miembro de la Corte de La Haya o en Enrique Sayagués Laso, el gran profesor de Derecho Administrativo, que tuviera una muerte trágica e injusta, como consecuencia del ejercicio de su profesión de abogado.
Había también universitarios destacados, inquietos por el aggiornamento institucional, como Roberto Caldeyro Barcia, Washington Buño, Oscar Maggiolo, Rafael Laguardia, Luis Faroppa o Israel Wonsewer, que tenían concepciones modernas, que habían tenido contacto directo con los cambios que se operaban en los países avanzados en esos momentos, reconfigurando las instituciones universitarias, en paralelo con grandes cambios en el papel del conocimiento en la sociedad. Pero ellos no influyeron en introducir cambios académicos en la ley, ni siquiera se encuentran expresadas sus opiniones en los documentos de la UR de la época.
2) El segundo capítulo, se denomina “El movimiento estudiantil y las luchas a favor de la Ley Orgánica”.
No es éste el lugar adecuado, ni yo la persona indicada, para contextualizar históricamente la huelga del 58. Es claro que el Uruguay estaba cambiando: se había terminado hacía algunos años el período de las vacas gordas, la expansión industrial se había estancado, el país había conocido una fuerte devaluación monetaria y la desocupación golpeaba a la clase obrera por primera vez en muchos años. El programa de Luis Batlle Berres, que lo llevó por segunda vez al gobierno en marzo de 1955 se había agotado y en las elecciones de 1958 el Partido Colorado fue reemplazado por el Partido Nacional después de casi un siglo en el gobierno.
La izquierda era pequeña, el Partido Socialista y el Partido Comunista respondían de manera casi perfecta al manual de cada uno de ellos para esa época. Las autoras hacen referencia al predominio tercerista y anarquista en el movimiento estudiantil. Estábamos sobre todo motivados por los temas de la política internacional, que suscitaba activas reacciones movilizadoras y un rechazo sistemático a toda forma de ejercicio del poder, en primer lugar del Estado y de las grandes potencias de la Guerra Fría.
Quisiera agregar que entre las variedades de anarquismo posible, predominaba en el movimiento estudiantil lo que podríamos llamar el anarco-sindicalismo, que contribuyó de manera significativa al acercamiento a los sindicatos obreros, que en varios casos importantes, también tenían direcciones de esa orientación.
El momento era justo: los sindicatos movilizados por leyes de protección ante las consecuencias de la crisis, como la ley de seguro de paro, los dirigentes anarquizantes del movimiento estudiantil por cambiar la universidad, la oposición conservadora acariciando el gobierno que parecía caer en sus manos en medio de la crisis y la división interna del Partido Colorado.
Lo que impresiona en esos primeros 15 días de octubre de 1958 es el tamaño que llegó a tener la movilización obrero-estudiantil, el número e intensidad de la militancia. “Jornada”, el periódico de la FEUU, llegó a salir diariamente con tirajes similares a los de los grandes diarios. Un pico de acción, como parece ser característico de los jóvenes, precedido y seguido por un gran remanso.
“El proyecto es intocable”, decía Jornada. Esto era un fruto directo de la apreciación anarquista de la política, aunque paradójicamente, hay que decir que también fue sostenido por algunos de los juristas conservadores a los que hice referencia antes. En el fondo, ¿qué podría agregar de bueno la política a lo que la Universidad había logrado a partir de sus laboriosos acuerdos internos? Y ello, aunque los tales acuerdos, en realidad, fueran sobre la distribución del poder interno.
Por cierto, el proyecto fue “tocado”, por el Parlamento, aunque es cierto que no mucho. Algunos legisladores (como Manuel Flores Mora) reivindicaron con mucha energía el derecho y el deber de los parlamentarios para modificarlo, pero en verdad, poco hicieron en la materia. En todo caso, la cuestión de cuál sería el futuro de la institución académica en el plano que le es específico, aparece poco en cualquiera de los debates de la época.
En el fondo, a los dirigentes de la FEUU no nos importaba mucho la Ley Orgánica y la Universidad, sino conmover a la sociedad. En medio de la huelga general, en un plenario obrero-estudiantil que se realizaba en el puerto de Montevideo, un dirigente gráfico propuso “tomar el poder”. ¿Acaso no estaban dadas todas las condiciones que figuraban en los manuales clásicos de la izquierda del siglo XIX?
Naturalmente, nosotros no sabíamos muy bien cual era el significado de la expresión “tomar el poder”, salvo que nos imaginábamos que era la antesala de la justicia. Quien poco después tomó el poder de verdad, fue la alianza Herrera-Nardone, el sector más a la derecha del espectro político de esa época.
3) El tercer capítulo del libro se llama “Una etapa de fortalecimiento institucional”.
Como ya dijimos, se refiere a los años siguientes a la aprobación de la Ley Orgánica. Los documentos dan cuenta de las realizaciones del segundo rectorado de Mario Cassinoni, especialmente en materia presupuestal (la autonomía en el manejo de sus recursos económicos ya había sido obtenida por la Universidad desde 1957), en materia de impulso a la investigación científica y al régimen de dedicación total. No se incluye en el apéndice documental al creación de la Estación Experimental de Paysandú, uno de los logros de esa época.
Desde el punto de vista estudiantil, el período posterior vio la convivencia de dos movimientos diferentes en su naturaleza, y que a veces chocaron entre si:
- 10 Por una parte, un conjunto importante de militantes se dedicó a las nuevas tareas del cogobierno, que pasaron a ocupar una parte sustancial de las energías gremiales. Eso significó, especialmente en algunas Facultades, una dinamización muy grande de las propuestas de cambio. Ejemplos de eso, en los años siguientes, fueron las Facultades de Medicina y de Ingeniería, donde la participación estudiantil fue promotora de transformaciones profundas en el establishment académico.
- 11 Por otra parte, desde 1959 y especialmente a partir de 1960, la influencia de la Revolución Cubana y de ciertos cambios en la realidad política nacional, aparejaron, conjuntamente con causas más generales, una progresiva desaparición de la influencia anarquista en el movimiento estudiantil. Ello fue acompañado por una politización partidaria; si bien los temas internacionales continuaron ocupando un papel preponderante, poco a poco los asuntos nacionales y el desarrollo de la crisis se fueron convirtiendo en los temas que convocaron a la militancia estudiantil.
Naturalmente, en el plano interno de la vida institucional, como queda dicho anteriormente, los problemas fundamentales del sistema universitario uruguayo siguieron marcando su presencia, con escasas variantes. En los años siguientes, hasta hoy, hubo varias olas sucesivas de propuestas de cambio, con el paréntesis demoledor de la dictadura, que asoló a la Universidad de la República, quebró su esqueleto institucional, la vació de gran parte de sus mejores cuadros. Esto sale del período comprendido en el libro que hoy comentamos, pero sin duda será objeto de nuevos aportes de parte del equipo de historiadoras.
En 1967, Oscar Maggiolo, poco después de haber sido electo Rector, presentó un Plan de Transformación Universitaria que atacaba, con las ideas de esa época, la cuestión de modernizar la estructura de la institución universitaria. Ese plan fue ampliamente debatido durante ese primer año de su rectorado, pero a partir de 1968 el país se incendió, y no hubo el mínimo de paz que un programa de transformación educativa y científica requiere.
Al retorno democrático, en 1985, algunos plantearon que era la oportunidad histórica para los cambios en la estructura universitaria tradicional, pero tuvieron poco éxito. Se procedió a hacer lo que se llamó –el nombre es adecuado, a mi juicio – la “restauración”.
Hubo en los años siguiente una serie de transformaciones de cierta importancia en la UR, el mundo y la sociedad habían cambiado tanto que, en cierto modo, eran inevitables. Pero el esquema general continuó siendo el mismo, basado en los dos pilares que hacen hasta hoy su singularidad, y que son grandes obstáculos para atender a las necesidades y desafíos de esta época:
- 12 la unicidad de la universidad pública
- 13 la estructura interna basada en las Facultades profesionales tradicionales.
Cuando hicimos el Documento de los 4 decanos, una propuesta para debatir presentada al Rector de la época el 30 de agosto de 1993, la reacción fue de una violencia verbal inusitada contra los autores, denunciados como agentes de la banca internacional en el área educativa. Lo que proponíamos era una sincera autocrítica que atacara los grandes problemas del sistema educativo terciario y superior del país, y lo que obtuvimos fue un cierre aún mayor de ese debate.
En esto, hemos vivido una curiosa superposición de opuestos, una ironía que la Historia suele presentar con cierta frecuencia:
- 14 Por una parte, los gobiernos nacionales, de los partidos tradicionales, estuvieron ajenos a lo que habría de ocurrir con el sistema público de enseñanza terciaria y superior. No tomaron ninguna iniciativa en más de 20 años, salvo proponer el cobro de matrícula a los estudiantes. Desde el ámbito gubernamental, las opiniones estuvieron enmarcadas en un contexto de críticas políticas a la izquierda, que gobernaba en la Universidad.
La otra iniciativa gubernamental fue alentar la privatización del sistema terciario y superior, especialmente a partir de 1995, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y el ministerio de Samuel Lichtenstejn.
- 15 Por otra parte, la conducción universitaria se negó a adoptar las iniciativas de cambio que eran su responsabilidad, atada por los equilibrios políticos internos y por las concepciones monopólicas que obstaculizaron la creación de nuevas instituciones en el país y también de impulsar una profunda renovación interna.
En otras palabras, los dos socios principales para impulsar los cambios educativos, el Gobierno nacional y la conducción universitaria, cada uno por sus respectivas razones, muchas veces confrontadas entre si, estuvieron de acuerdo en no promover las transformaciones.
Queremos creer que las perspectivas han cambiado al día de hoy. El Consejo Directivo Central, en sus resoluciones de 2007 ha formulado un gran programa de transformaciones, que apunta al corazón de nuestros problemas.
Algún día, nuestras historiadoras escribirán sobre la Ley Orgánica de 2008-2009. Tengo dos anhelos:
- el primero, es que quisiera que ese libro describiera los cambios profundos y duraderos que finalmente tuvo nuestra universidad, incluyendo la reforma de su Ley Orgánica,
- el segundo, es que me gustaría poder leerlo.
Mario Wschebor
15 de octubre de 2008
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