Informativo del Rectorado No. 214

Sobre el proyecto de Ley Orgánica del IUDE

El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de Ley Orgánica para el Instituto Universitario de Educación (IUDE) cuya creación fue prevista por la Ley General de Educación. La UDELAR, cuando le sea requerida su opinión al respecto por el Parlamento, como lo establece la Constitución, la formulará mediante decisión del Consejo Directivo Central (CDC), con asesoramiento previo de la Asamblea General del Claustro, según lo dispone la Ley Orgánica de la institución. Aquí nos limitamos a ciertas consideraciones preliminares, que sólo comprometen a quien esto escribe.

Lo primero es ratificar el apoyo a la creación del IUDE, que puede constituir un aporte decisivo para mejorar la formación de los docentes de todas las ramas de la educación, cuestión a su vez fundamental para brindar enseñanza de mayor calidad. La UDELAR participó activamente en la Comisión de Implantación del IUDE creada por la Ley de Educación, en la que se dispuso que el Informe de la Comisión debía estar listo al 30 de abril de 2010; así sucedió y en seguida el CDC dio su aprobación al Informe. Una vez constituido, en el marco de la ANEP, el Consejo de Formación en Educación que debe actuar como marco de construcción del IUDE hasta que se apruebe su Ley Orgánica, la UDELAR ha venido impulsando tareas concretas en colaboración con ese Consejo, a nivel de grado y postgrado. En suma, el apoyo de la UDELAR a la creación del IUDE son palabras sustentadas en hechos.

Sin desmedro de lo anterior, hay dos aspectos del proyecto de ley al que nos referimos que involucran a la UDELAR y que, a mi ver, requieren ser modificados.

Dicho proyecto dispone que, entre los integrantes del Consejo Directivo Nacional del IUDE habrá un miembro designado por el CDC de la UDELAR. Sabemos que ello es lo que establece la Ley de Educación, pero constituye un error que es tiempo de corregir. Esa disposición es cuestionable desde el punto de vista de la autonomía de la nueva institución. Ubicaría al IUDE en un nivel menor de autonomía que el que la Constitución atribuye a la UDELAR, lo que entendemos perjudicial en sí mismo y también para la colaboración entre ambas instituciones. La igualdad de situaciones debe ser la base de tal colaboración, hacia la que miramos con esperanza, por su valor intrínseco y por lo que aportará para la conformación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Desde 2007 la UDELAR brega por la creación de semejante Sistema, a constituir mediante una diversidad de instituciones públicas, autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso, descentralizadas territorialmente y bien coordinadas entre sí. En esa perspectiva, la Universidad está lista para respaldar al IUDE en todo lo que éste considere conveniente y, por supuesto, para combinar los esfuerzos de las dos instituciones, ante todo, para enseñar mejor a los estudiantes de ambas, posibilitándoles en particular trayectos flexibles que incluyan tomar cursos en una y otra.

El proyecto de Ley Orgánica del IUDE también dispone el traslado del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la UDELAR al IUDE. También es lo que establece la Ley de Educación, pero se trata de algo que una nueva ley puede corregir. El ISEF fue transferido a la UDELAR en 2006; su incorporación efectiva a la institución significó un proceso trabajoso para ambas partes, cuyos logros no pueden ser desestimados. En su momento, el ISEF optó democráticamente por permanecer en la UDELAR, opción que fue respaldada por el Área de la Salud en la que actúa y, luego, por la unanimidad del Consejo Directivo Central. El ISEF, como parte de la UDELAR, viene participando directamente en la colaboración con ANEP a través de la Comisión Mixta y, en particular, con el Consejo de Formación en Educación. Es pues un puntal para la futura colaboración IUDE – UDELAR.

La pronta corrección de estos aspectos cuestionables del proyecto de ley que comentamos resaltaría sus aspectos mayores y realmente positivos, como la creación misma del IUDE y la opción por reafirmar en su Ley Orgánica la autonomía y el cogobierno inherentes a la enseñanza universitaria pública del Uruguay.

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