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Domingo 29 de Noviembre de 2020

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Por la mejora de las condiciones laborales y de estudio

Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS en la estación experimental San Antonio de Salto. Foto: DUSEn la Universidad de la República (Udelar) hay foguistas, choferes, científicos, laboratoristas, docentes, cocineros, auxiliares de servicio, de enfermería, aplicadores de productos agrícolas, de cuidados veterinarios, manipuladores de sustancias químicas, oficinistas y un amplio etcétera. El abanico de profesiones y oficios es tan variado como en la sociedad misma, explica Lilián Iglesias, especialista en Salud Ocupacional del Departamento de Salud Ocupacional de la División Universitaria de la Salud (DUS). Para mejorar las condiciones laborales y de estudio, la Udelar desarrolla un programa de vigilancia epidemiológica de funcionarios expuestos a riesgos laborales, cuyas acciones repercuten en las condiciones de estudio.

En diálogo con el Portal de la Udelar Iglesias reseñó que si bien desde 1988 las normativas nacionales establecen que la patronal debe controlar la salud de los trabajadores que están expuestos a riesgos físicos, químicos o biológicos sin que ello signifique un gasto para el trabajador, su aplicación en la Udelar se hizo paulatinamente. Comentó que a fines de la década de 1990, a raíz de una regularización por jubilación de un funcionario que había estado expuesto a radiaciones, la Udelar accedió a que el Hospital de Clínicas pagara los hemogramas de los trabajadores expuestos a radiaciones. «Esos serían los antecedentes del programa de vigilancia, fue la primera subvención que hace la Udelar», puntualizó Iglesias.

El prorrectorado de Gestión Administrativa creó en 2008 la comisión permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Universidad de la República (PCET-MALUR). Entre otros objetivos, la comisión debe hacer cumplir la normativa relacionada a las condiciones de salud y medio ambiente del colectivo de la Udelar, crear un registro de los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales para cada servicio, analizar las causas de los accidentes y tomar medidas preventivas. «Fue un antes y un después porque reunió a gente del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, de la DUS, de la Facultad de Química que desde el punto de vista de la prevención siempre estuvo muy bien, de los gremios —ADUR [Asociación de Docentes de la Universidad de la República], AFFUR [Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República], FEUU [Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay], UTHC [Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas]—, del orden de Egresados y de la Dirección General de Personal. Armó un equipo muy interesante, cada uno desde su área aportando a la salud de los estudiantes y los trabajadores», explicó Iglesias, que además de ser Especialista en Salud Ocupacional de la DUS es coordinadora de PCET-MALUR.

Visita médica
En 2011 el Consejo Directivo Central habilitó fondos, que administra la comisión PCET-MALUR, para desarrollar el programa de vigilancia, largamente demando por AFFUR. Eso le permitió al Departamento de Salud Ocupacional de la DUS —que depende del Servicio Central de Bienestar Universitario— empezar a concurrir a los lugares de trabajo. Cada jueves llevan una camilla plegable y una valija con estetoscopios, recetas médicas, fichas, balanzas y aparatos para controlar la presión arterial, entre otros instrumentos. En un espacio con la confidencialidad necesaria realizan controles médicos para detectar si los trabajadores están expuestos a riesgos laborales y, si lo están, en qué medida y cuál es su situación, puntualizó Iglesias. «Le hacemos a la persona una historia médico laboral con los datos de salud general, de la familia, antecedentes personales, corroboramos si tiene carné de salud al día, si está vacunado. Le hacemos un examen físico y después se les interroga en base a protocolos que elaboramos sobre riesgos específicos. Investigamos los antecedentes laborales generales de la persona y los de exposición. Como en la Udelar hay multiempleo muchos trabajadores están doblemente expuestos. Se analiza el puesto de trabajo, cuántas preparaciones de citostáticos, por ejemplo, hace por semana o por día, si recibió capacitación, los síntomas en los cuales podemos inferir que estamos en una situación de riesgo y les pedimos que se hagan estudios», detalló Iglesias, que es médica especializada en salud ocupacional.

Al inicio del programa de vigilancia epidemiológica la Udelar disponía que los exámenes paraclínicos fueran realizados dentro de la propia Udelar, en Facultad de Química, que hace análisis toxicológicos, y en el Hospital de Clínicas. Pero muchos trabajadores terminaban no haciéndose los estudios porque llegaban al Hospital de Clínicas y no sabían a quién dirigirse o tenían que pasar por largas esperas, relató la médica. Entonces «se nos ocurrió que si íbamos con el extraccionista y con la persona que hacía las espirometrías y sacábamos las muestras en el momento y luego el licenciado en laboratorio llevaba las muestras al hospital para procesar, era una buena manera de captar a esa gente». Eso es lo que hacen ahora, con una adhesión mucho mayor. La espirometría es uno de los estudios más comunes, informó Iglesias. «A todas las personas que manejan ácidos, o sustancias irritantes de pelos de animales, formol, solventes, etcétera, uno de los estudios que se piden de paraclínica son los funcional respiratorio o espirometría, que es un estudio que se puede hacer en cualquier lugar: la persona sopla y se miden las capacidades vitales, pulmonares».

El equipo está conformado actualmente por dos médicas especializadas en salud ocupacional, un licenciado en laboratorio clínico, una licenciada en neumocardiología y una funcionaria administrativa que por ser licenciada en enfermería también hace controles de presión arterial. La doctora señaló que los recursos humanos con que cuenta el equipo son limitados. Eventualmente cuentan con el apoyo de estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina.

Iglesias manifestó que si el resultado de los estudios es patológico, se cita al funcionario para hacerle una nueva valoración y pueden realizarse interconsultas con especialistas. Si la causa de la alteración está relacionada con su trabajo, se notifica al Banco de Seguros del Estado (BSE), que «es la única autoridad que puede dictaminar las enfermedades profesionales», aseguró. El BSE determina si es de causa laboral o no y en caso de que lo sea, establece si existe una incapacidad. Si la causa no es laboral, el trabajador es derivado al especialista que corresponda de la institución de salud a la que está afiliado.

Hasta diciembre de 2014 el programa de vigilancia había visto a 1350 personas. En esas consultas había realizado 383 espirometrías —de las cuales 93 habían resultado patológicas—, 66 audiometrías —con 28 resultados patológicos de los cuales cuatro fueron confirmados de origen laboral por el BSE—, y nueve interconsultas con especialistas.

El programa de vigilancia se dedica también a la prevención. Luego de la visita a cada lugar de trabajo, se le entrega un informe a la dirección del servicio. «Al analizar el puesto de trabajo estás analizando las condiciones en que se realiza la tarea», apreció Iglesias, que relató que se hacen sugerencias respecto al uso de elementos de protección personal y procedimientos que podrían mejorarse. «A donde vas ves el colectivo de los trabajadores y empezás a aprender cómo ese colectivo vive la salud y la seguridad. Porque no todos los trabajadores tienen la misma percepción y no todos los directores de servicio tienen como prioridad a la salud de su gente, es algo que pasa absolutamente en todos los ámbitos, privados y públicos: la salud y la seguridad de la gente no es siempre el tema prioritario de las jefaturas. Es un tema de educación, de persuasión, es un tema de todos los días y no sólo de jefaturas o no sólo de los trabajadores, es de todos y se va construyendo».

Hay servicios que por las tareas que realizan, son visitados con mayor frecuencia, reconoció Iglesias. El Hospital de Clínicas es uno de ellos. La médica detalló que allí hay trabajadores «expuestos a radiaciones ionizantes, a gases anestésicos, a citostáticos y está el riesgo ergonómico, por las posturas, la sobrecarga de esfuerzos que hacen auxiliares y licenciados en enfermería, y el formaldehído en anatomía patológica sigue siendo un tema importante». También en la Facultad de Ciencias hay riesgo biológico, físico, químico, por manejo de sustancias en el Centro de Investigaciones Nucleares, que tiene radiaciones. Algo parecido ocurre en Facultad de Química, donde existen todo tipo de sustancias químicas y procedimientos, pero Iglesias destacó que ese servicio ha recorrido «un camino muy interesante con un equipo y una unidad específica para la seguridad y la salud que tiene protocolos y está trabajando muy bien». La Facultad de Agronomía es otro punto de interés y a las visitas a la sede de Montevideo se le sumaron en los últimos meses las del interior: Progreso, Salto, Paysandú y Cerro Largo. La Facultad de Veterinaria tiene riesgos de transmisión de zoonosis, describió Iglesias, que mencionó también los riesgos por el trabajo en la la intemperie, el manejo de animales, y los cuidados necesarios al momento de aplicar vacunas. En Odontología los trabajadores están expuestos a riesgos biológicos y al manejo de sustancias químicas y a radiaciones. En Ingeniería el espectro también es amplio y abarcan desde componentes químicos al riesgo físico al que están expuestos, por el manejo de motores, ejemplificó.

De paso, los integrantes del equipo identifican cuestiones de salud que no están directamente vinculadas con la tarea que las personas realizan en la Universidad. Por ejemplo, han detectado que algunos trabajadores hacía varios años que no visitaban un médico y salieron de la consulta del programa de vigilancia epidemiológica con pases a especialistas de sus mutualistas.

Responsabilidad penal
En marzo de 2014 el Parlamento votó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. La comisión PCET-MALUR consultó a la Dirección General Jurídica de la Udelar «para saber si la Universidad aplicaba y, sí, también aplica», dijo Iglesias.

La médica informó que en las visitas del programa de vigilancia epidemiológica «hemos tratado de asesorar a la gente de cómo esta ley nos incumbe a todos porque la responsabilidad penal no es sólo de las autoridades de allá arriba sino que se va analizando de abajo para arriba: también los jefes inmediatos tienen una responsabilidad al no exigir que sus trabajadores usen determinadas protecciones». Además, señaló que la ley considera como delito no solamente el daño consumado «sino que con solo haber puesto en peligro la integridad física de un trabajador, cualquier jefatura puede ser pasible de sanción». Iglesias apreció que se requiere un cambio cultural y que para contribuir a eso, los últimos foros organizados por la comisión PCET-MALUR han estado dedicados a generar conciencia respecto a la prevención.

Comisiones de los servicios
Uno de los cometidos de PCET-MALUR es crear y/o fortalecer las Comisiones de Salud y Seguridad para Estudiantes y Trabajadores (Cosset) que deben estar conformadas en cada servicio de la Udelar. Iglesias reseñó que las Cosset nacieron «porque era una manera de implementar» el decreto 291 de 2007 que reglamentó el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Servicios de Salud en el Trabajo «que insta a la comunicación entre la institución, los trabajadores y los estudiantes para gestionar la seguridad y la salud del trabajo». La profesional valoró que es fundamental que funcionen en cada servicio porque «cada colectivo de trabajo tiene sus características propias». Las Cosset tienen la tarea de analizar los accidentes que suceden y las sugerencias de trabajadores y estudiantes.

Desde 2013 PCET-MALUR cuenta con una partida de 8,4 millones de pesos anuales para destinar a proyectos concursables de «Mejoramiento de las condiciones generales de estudio y trabajo». Las Cosset valoran los proyectos, que también son evaluados por un equipo técnico integrado por especialistas en salud ocupacional, químicos, ingenieros, arquitectos. Este año AFFUR aporta la presencia de un prevencionista financiado por ellos, para sumarse al equipo.

La convocatoria de 2015 cerró a comienzos de junio, se presentaron 127 proyectos. A la hora de elegir los que se financiarán, Iglesias comentó que se prefieren aquellos proyectos que atiendan «situaciones de riesgo y que mejoren las condiciones y el medio ambiente de trabajo para un colectivo».

Entre los premiados, Iglesias recordó proyectos para guardar sustancias químicas, muebles con el blindaje necesario para evitar que exploten o se ocasionen derrames. También se han instalado campanas de extracción de gases y vapores, se han comprado guantes especiales para ácidos, se ha mejorado la seguridad contra incendios, se han aprobado proyectos de compra de carros para transportar medicación en el Hospital de Clínicas, grúas para movilizar pacientes y sillas ergonómicas.

Publicado el viernes 3 de julio de 2015

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Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS en la estación experimental San Antonio de Salto Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS en la estación experimental San Antonio de Salto Daniel Raposo, licenciado en laboratorio en la visita del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS a la estación experimental San Antonio de Salto. Foto: DUS Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS en la estación experimental San Antonio de Salto Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS en la estación experimental San Antonio de Salto Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS en la estación experimental San Antonio de Salto. Foto: DUS Programa de Vigilancia Epidemiológica de la DUS en la estación experimental San Antonio de Salto. Foto: DUS  Dra. Lilián Iglesias. Foto: Richard Paiva-UCUR.  Dra. Lilián Iglesias. Foto: Richard Paiva-UCUR.  Dra. Lilián Iglesias. Foto: Richard Paiva-UCUR.
 
 

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