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Domingo 29 de Noviembre de 2020

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Crímenes del terrorismo de Estado: «La gente no desaparece»

Soledad Platero, Álvaro Rico, Juan Faroppa, Virginia Martínez, José López Mazz y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR.«30 años de relatos, disputas y silencios sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Uruguay» fue el tema del Café & Tertulia organizado el 23 de julio por el Espacio Interdisciplinario. José López Mazz planteó que en este tema la Universidad debe tener «mayor relacionamiento con la población: los desaparecidos son patrimonio de toda la sociedad».

El encuentro comenzó con la exhibición del documental Las manos en la tierra (2010), que se enfoca en el proceso de búsqueda de restos de personas desaparecidas a partir de las primeras excavaciones en predios militares en 2005, y continuó con una mesa redonda. Participaron Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador del equipo universitario de historiadores que investiga sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado, José López Mazz, ex coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Forense encargado de la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura en convenio con Presidencia de la República, Virginia Martínez, ex directora de Televisión Nacional de Uruguay y realizadora de Las manos en la tierra, Juan Faroppa, ex integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y Emilio Crenzel, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina), especializado en memoria social, historia reciente y justicia transicional. La periodista Soledad Platero fue la moderadora del encuentro.

La película Las manos en la tierra recoge los testimonios de José López Mazz, de algunos familiares de detenidos-desaparecidos y de la ex fiscal Mirtha Guianze, entre otros. «La característica del desaparecido es la negación, esa persona no está viva ni está muerta, y eso es lo que han buscado los represores: desligar que esa persona siquiera fue detenida», expresa Guianze en el documental. Algo similar declara Javier Miranda, actual secretario de Derechos Humanos de Presidencia, cuando se refiere al ingreso de los familiares a diferentes predios militares cuando comenzaban las excavaciones: «una de las cosas centrales en el tema de la desaparición forzada es lo etéreo, lo inasible. La gente no desaparece, o está viva o está muerta, no hay un término medio, entonces el empezar a tocar los lugares, el empezar a hacerlos tangibles, es un cambio sustancial».

Durante la mesa de debate López Mazz hizo referencia a la metodología de trabajo del equipo de Antropología Forense para esta investigación. El grupo tuvo que «hacer un diseño que estuviera a la altura de la situación y que cumpliera el objetivo universitario tan claro que es producir conocimiento original». Explicó que al comenzar la búsqueda de restos, la Universidad y el Poder Ejecutivo discutieron acerca de quiénes deberían liderar las investigaciones, una discusión que incluyó «la relación entre ciencia y política». A partir de la experiencia en Argentina, se resolvió que fuera el equipo de arqueólogos que ofrecía un conjunto de herramientas que habían demostrado ser eficientes en escenarios como el nuestro. Al principio casi no contaban con información, «un insumo esencial». Ingresaron por primera vez a un Batallón «un día de lluvia, y esperamos que nos facilitaran una información oficial que nunca recibimos. Por eso contactamos al equipo de historiadores de nuestra facultad planteando el problema», relató.

«Desaparecidos son patrimonio de toda la sociedad»

A lo largo del proceso de búsqueda, que ya lleva diez años, el equipo tuvo que aprender a distinguir cuál era la información de calidad que podía guiar su trabajo, explicó López Mazz. «Separábamos entre información oficial y no oficial, y con el tiempo nos dimos cuenta que no tenía ninguna significación, que la información oficial podía ser totalmente falsa, como cuando se señaló el lugar de enterramiento de la madre de Macarena Gelman. Y por otro lado personas incidentalmente podían haber visto algo que tenía un valor muy grande para orientarnos hacia un lugar concreto en el cual desarrollar una búsqueda». Dijo que el trabajo arqueológico combina saberes relativos a las ciencias de la tierra, a la verificación genética, la investigación histórica, el estudio de las conductas humanas, y recordó que «el saber del arqueólogo no era a priori bien valorado». En el trabajo desarrollado se demostró que «una estrategia científica de búsqueda es el camino más adecuado para tener expectativas de probabilidad de hallazgo». Destacó que al científico le corresponde tener convicción en el método, porque «cuando se hace un diseño y se ejecutan las actividades que se pensaron, las probabilidades de hallazgo están desde el primer metro cuadrado que se excava hasta el último». Resaltó la importancia de informar sobre las etapas y los detalles de la búsqueda: «es conveniente que la gente sepa dónde se está excavando porque eso generalmente ayuda a que llegue información de manera espontánea». Además afirmó que es necesario que los equipos tengan «un mayor relacionamiento con la población: los desaparecidos son patrimonio de toda la sociedad».

Rico realizó un balance positivo del trabajo del equipo de historiadores, dentro de las funciones acotadas que le posibilita el convenio con Presidencia de la República. Las dificultades que enfrentó el grupo de trabajo «son ni más ni menos las mismas que ha tenido el país desde la recuperación de la democracia» en la búsqueda de verdad y justicia y «nunca más». Eso se tradujo en la presencia de obstáculos a las demandas de los investigadores con relación a archivos o fuentes de información. El equipo se conformó en 2005 e inició su trabajo con los documentos que recibió de la ex Comisión para la Paz. A partir de allí el equipo ha manejado 24 archivos, de los cuales 11 son estatales. En muchos casos la búsqueda fue infructuosa, pero aún así demandó muchísimo tiempo de análisis. Entre lo producido por los investigadores se encuentra la elaboración de una planilla de casi 6000 presos políticos. Actualmente trabajan sobre un universo de 192 víctimas detenidas-desaparecidas —20 más que las que contabilizaba la Comisión para la Paz en 2003—. Además han aportado la publicación de varios tomos que recopilan la información disponible sobre estos delitos (acceder a las publicaciones en pdf) y sobre otras formas de violencia ejercidas por el Estado de 1968 a 1985 (acceder a actualización 2015 de Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos y Asesinados Políticos), en colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos.

Con respecto al tratamiento de la información sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la pre dictadura, Martínez señaló que el rol de los medios masivos ha sido diferente al del cine. Mientras que en Uruguay se han realizado varios documentales —y casi ninguna ficción— sobre esta temática, los medios masivos contribuyeron a su invisibilidad, afirmó. Esa tendencia se empezó a romper cuando comenzaron las excavaciones, e incluso se llegó a realizar un tratamiento «impúdico» de la información, en el caso de María Claudia García de Gelman. Por su parte Faroppa se refirió a la evolución de las relaciones entre el sistema político y el Poder Judicial, señalando que desde 1985 hasta hoy uno y otro se han transferido mutuamente las decisiones relativas a la investigación de los delitos del terrorismo de Estado. La única vía para garantizar que estos hechos no se repitan es la concreción de una reforma constitucional que se origine en una Asamblea General Constituyente, aseguró.

Clenzel comentó los aspectos del proceso judicial transicional que se desarrolló en Argentina, atravesó diferentes etapas y finalmente posibilitó la realización de numerosos juicios militares. El país logró además la creación de instituciones como el Banco Nacional de Datos Genéticos para la búsqueda e identificación de los hijos apropiados por la dictadura, y la formación del equipo argentino de Antropología Forense que luego hizo escuela a escala internacional en la búsqueda e identificación de restos de detenidos desaparecidos. Se implementó una política activa en materia de reparación de las víctimas y sus familiares, se instalaron sitios de memoria localizados en ex centros clandestinos de detención, y se fomentó el aprendizaje de la historia reciente en centros de enseñanza, explicó.

Publicado el viernes 24 de julio de 2015

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Soledad Platero, Álvaro Rico y Juan Faroppa. Foto: Richard Paiva-UCUR. Álvaro Rico y Juan Faroppa.  Foto: Richard Paiva-UCUR. Soledad Platero, Álvaro Rico, Juan Faroppa, Virginia Martínez, José López Mazz y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR. José López Mazz y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR. Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR. Virginia Martínez. Foto: Richard Paiva-UCUR. Soledad Platero, Álvaro Rico, Juan Faroppa, Virginia Martínez, José López Mazz y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR. Soledad Platero, Álvaro Rico y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR. Soledad Platero, Álvaro Rico, Juan Faroppa, Virginia Martínez, José López Mazz y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR.
Soledad Platero, Álvaro Rico, Juan Faroppa, Virginia Martínez, José López Mazz y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR. Soledad Platero, Álvaro Rico, Juan Faroppa, Virginia Martínez, José López Mazz y Emilio Crenzel. Foto: Richard Paiva-UCUR. José López Mazz. Foto: Richard Paiva-UCUR.
 
 

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