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Martes 13 de Noviembre de 2018

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Estudiantes privados de libertad: Ganar de atrás

Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR.En el marco de las VIII Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), se realizó el 7 de noviembre una mesa de discusión sobre los «Desafíos de la inserción de estudiantes privados de libertad en la Udelar». Asistieron estudiantes provenientes de unidades penitenciarias, que contaron sus experiencias.

La actividad contó con la participación del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim; el decano de FCEA, Jorge Xavier; la docente de la Unidad de Extensión de FCEA, Analía Rivero; la docente del Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, Gabriela Pasturino; y la docente del Departamento de Sociología y Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Ana Vigna.

Además, intervinieron la titular de la Subdirección Nacional Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche; la asesora del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario Juan Miguel Petit, Silvia Sturla; y los estudiantes privados de libertad (EPL) de la FCEA, Leonardo y Rodrigo.

Desde 2010, algunos servicios de la Udelar y centros de estudiantes se vinculan con personas privadas de libertad interesadas en estudiar carreras universitarias, ofreciéndoles apoyo de distinto tipo. En 2016 el Consejo Directivo Central (CDC) aprobó una resolución que manifiesta la intención de la Udelar de promover y flexibilizar el ingreso de los EPL a sus carreras. El mismo año se firmó un convenio con el INR que dio impulso a la formalización de esos apoyos mediante acciones concretas por parte de las dos instituciones. El trabajo involucra a cada vez más unidades del INR, a los servicios centrales de Extensión y de Enseñanza de la Udelar, a más facultades, docentes y estudiantes dentro y fuera del sistema penitenciario.

Respecto a la FCEA, Rivero explicó que era un servicio que no tenía experiencia en este tipo de actividades de enseñanza, cuando sorpresivamente en 2017 recibieron las dos primeras inscripciones de estudiantes del Comcar y la Unidad n° 6. Al principio el cogobierno se opuso a trabajar para atender esas demandas y cuestionaba por qué se debía ir a las cárceles, pero actualmente hay «un gran acuerdo de trabajo con distintos docentes y actores para que el proceso realmente funcione, y se discute cómo coordinar las acciones para eso».

Este año la Facultad recibió ocho inscripciones y aprobó un protocolo que establece que los docentes tienen que ir cada 15 días a dar clase o a recibir las consultas de los estudiantes en las unidades del INR. Sin embargo, Rivero indicó que esto «no se logró, fue muy limitado, por eso hay que repensar el protocolo y planificar bien las actividades del año que viene para que los docentes puedan ir cada vez más». También destacó la necesidad de realizar esta tarea «desde una perspectiva de derechos», que contemple el derecho a estudiar de todas las personas en el territorio nacional.

De cabeza
Por su parte Xavier comentó que la Facultad discutió y tomó resoluciones concretas para llevar a la práctica este proceso con EPL y para ello «hubo definiciones que fueron finalmente impulsadas por el actual rector». Agregó que «educación y derechos humanos van de la mano», y que la democratización y el acceso de todos a la educación son en sí definiciones a nivel del Estado. Contribuir al ejercicio de ese derecho es «nuestro mandato como universidad pública», expresó.

El decano dijo que el proceso que comenzó en la FCEA tiene sus fortalezas y debilidades, hay ineficiencias a corregir y persisten algunos problemas de coordinación luego de la aprobación del protocolo de actuación en este programa. Observó que es una actividad que compete a la función de enseñanza, si bien tiene una clara connotación de extensión universitaria, y que «desde el punto de vista de la investigación puede mostrarnos resultados interesantes, podemos aprender sobre estrategias de enseñanza en contextos distintos».

Leonardo, interno de la Unidad n° 6 de Punta de Rieles, comentó que los EPL «ponemos nuestro empeño; en mi caso veo todo lo que hacen por nosotros, y se forma un compromiso de nuestra parte». Afirmó que son «estudiantes como todos, como fueron el decano, el rector, que en algún momento estudiaron también», la diferencia es el lugar en el que están. «Estamos luchándola y metemos cabeza, va también en el empeño que le ponemos nosotros», expresó. Agregó que en su unidad encuentra condiciones adecuadas para estudiar, pero en otras cárceles cambian los contextos y maneras de estudiar y puede ser más difícil.

Destacó que tuvo acceso a todos los materiales de estudio de las materias que cursó, y también «hasta el último momento el apoyo de los chiquilines que fueron hasta tres veces por semana, el apoyo incondicional». Como contrapartida señaló las condiciones de traslado a otra unidad para realizar la evaluación, con «todo tipo de medidas de seguridad», e hizo hincapié en que los EPL son simplemente estudiantes y «también está bueno que lleguemos a la instancia de la evaluación al mismo nivel que los demás».

Rodrigo, que es interno de la Unidad n° 10, en Juan Soler, agradeció a la Universidad por todo el apoyo que tiene para poder estudiar. «Por ahora venimos bien, yo además de tutores tengo profesores de la materia misma, venimos estudiando muy bien». Reconoció que hay cosas por mejorar, en su caso no tiene mucho acceso a internet, por eso no puede utilizar la plataforma EVA, pero sí cuenta con todos los materiales y con la posibilidad de recibir una beca. Ambos expresaron que se sintieron bien preparados a la hora de las evaluaciones.

Goleada
Con respecto a su motivación para estudiar, Rodrigo explicó que cuando se egresa de la cárcel muchas veces se sale sin herramientas, pero además «con un antecedente, y te ponés a pensar a la altura de la gente que está afuera; la gente que está afuera tiene sus problemas para conseguir trabajo. Nosotros con un antecedente estamos como en un partido 10 a 0, entonces hay que saber revertir esa situación, hacerse cargo de lo que uno fue haciendo, por lo que estamos privados de libertad, y cómo juntamos herramientas para que el día que salgamos podamos competir en el ámbito laboral. Poder salir adelante, tener una familia, ser personas normales, con un antecedente, con un error como podemos tener cualquiera de nosotros. En nuestro caso tuvimos un problema legal, lo estamos pagando de esta manera y se nota un poco más».

Pasturino recordó que los estudiantes de la Udelar fueron el motor para iniciar este proceso, porque se sensibilizaron por el caso de un estudiante de la Facultad de Ingeniería que estaba «en otra situación, en la que sus derechos estaban absolutamente vulnerados y uno de ellos era el derecho a la educación». Propusieron el tema ante el CDC y la Udelar lo tomó como una cuestión a trabajar, pero «muy tibiamente». La resolución del CDC mencionada indica que hay que flexibilizar el ingreso, «pero no le dice a los servicios qué hacer».

A partir de esto, tutores de centros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay de a poco se hicieron cargo de ir a acompañar a estudiantes en contextos de encierro. Desde la experiencia de esos tutores voluntarios se empezaron a involucrar los servicios, y dentro de las cárceles se generó una demanda importante de estudiantes que culminaban la enseñanza secundaria y querían realizar estudios universitarios. «Fueron los estudiantes privados de libertad y los de afuera quienes movieron esto», afirmó.

De centro
Según Pasturino, este proceso involucra no solo a los docentes sino también a los funcionarios de los servicios que llevan a cabo las inscripciones y los de Bienestar Universitario que van a entrevistar a los EPL. Muchos decidieron no trabajar en este contexto, pero «si es una política universitaria tenemos que encontrar a la persona que sí lo haga». Todavía están en el debe discusiones sobre el tema en el cogobierno. «Cuando empezamos este proceso eran cuatro estudiantes, ahora son 52 activos pero hay 100 personas privadas de libertad esperando que la Udelar les dé respuestas que no les está pudiendo dar», señaló.

Por su parte, Vigna explicó que la experiencia en FCS surgió en 2016 con las primeras demandas por parte de EPL. En ese momento la Unidad de Apoyo a la Enseñanza las asumió de un modo «un poco artesanal», resolviendo las dificultades que se planteaban caso a caso. En 2017 se creó un grupo de trabajo para elaborar un protocolo que fue aprobado hace unos meses por el Consejo de la Facultad, y asegura la inscripción, la toma de exámenes en calidad libre y el acceso a materiales de estudio. En esa misma resolución se conformó una comisión asesora del Consejo y se definió una figura de referencia educativa que articula la burocracia universitaria con la burocracia carcelaria y las necesidades de los EPL.

Expresó que este proceso debería ser visto como «una oportunidad sin igual que tiene el Estado para trabajar con un grupo poblacional que a lo largo de su vida ha sido vulnerado en sus derechos, sistemáticamente excluido del sistema educativo, y que está compuesto por una población, en términos sociodemográficos, muy específica y homogénea», conformada mayoritariamente por hombres jóvenes. Indicó que Uruguay se caracteriza en la región por presentar «tasas de encarcelamiento altísimas» que no tienen demasiada relación con los niveles de violencia y criminalidad que tenemos en nuestro país.

Tiempo y suma
Vigna citó al criminólogo británico Roger Matthews, que plantea el concepto del tiempo como eje estructurador del castigo y de la pena privativa de libertad. No solo es en función del tiempo de condena que se gradúa la gravedad de los delitos, sino que la cárcel implica también la negación del tiempo, pues éste transcurre y las personas privadas de libertad no pueden disponer libremente de él. Matthews afirma que la cárcel es un eterno paréntesis, un presente continuo: el individuo no puede desligarse de lo que fue, pero tampoco proyectarse hacia adelante. «En ese sentido, la educación es clave porque permite elaborar proyectos de vida, vincularnos con otros y con nosotros mismos de otro modo, y adquirir roles nuevos y significativos para la reinserción social como lo son el de estudiante y participante del cogobierno», concluyó.

Al igual que Pasturino, el rector reconoció al orden estudiantil por señalar en su momento que la Udelar no estaba cumpliendo con su obligación de acercar la educación terciaria superior a todos aquellos ciudadanos que estén en condiciones y quieran estudiar en cualquier contexto. Fue desde ese señalamiento que la Universidad empezó a construir «vínculos institucionales y políticas incipientes que están en desarrollo».

Arim sostuvo que «si asumimos que el acceso a la educación terciaria superior es un derecho humano fundamental, no puede ser instrumentado a partir de la voluntad individual», sino que tiene que ser propio de una construcción institucional que determine las características de la enseñanza en el contexto de privación de libertad y asigne los recursos humanos y materiales necesarios. No se pueden mantener programas de esta naturaleza en base a impulsos individuales, porque «los individuos estamos y dejamos de estar».

Esto implica eliminar las resistencias y al mismo tiempo exigir que desde el sistema penitenciario se den las condiciones adecuadas para que el proceso funcione en forma integral. «El desafío de hoy es ir más allá de lo que logramos, del centenar de estudiantes privados de libertad que se inscribieron en la Udelar, y avanzar en la calidad y sustentabilidad de este proceso para que el día de mañana llegue a todos los rincones del país y en todos los contextos», señaló.

Juanche y Sturla valoraron los avances de este proceso y el compromiso de tantos estudiantes universitarios con los que se encuentran privados de libertad. Comentaron las dificultades que se presentan para apoyar a los EPL debido a las condiciones particulares en cada unidad penitenciaria, y también observaron aspectos del accionar judicial que influyen sobre su posibilidad de estudiar. Ambas afirmaron que dentro de las cárceles la educación suele tomarse como «un beneficio», cuando claramente «no lo es, es una obligación del Estado».

Publicado el jueves 8 de noviembre de 2018

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Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. Analía Rivero. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. Leonardo y Rodrigo, estudiantes de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. Gabriela Pasturino, Rodrigo Arim. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. Ana Vigna. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. Silvia Sturla, Ana Juanche, Gabriela Pasturino. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. Rodrigo Arim. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR. Jornadas Académicas de FCEA. 07/11/2018. Foto: Richard Paiva-UCUR.
 
 

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