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Martes 16 de Julio de 2019

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Derechos Humanos: Cumplir sin retroceder

Seminario Impactos del Procedimiento de Solución Amistosa ante la CIDH en Uruguay. Foto Evelyn Chiribao, Ucur. El lunes 27 de mayo se llevó a cabo el seminario «Impactos del Procedimiento de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el desarrollo normativo nacional de Uruguay», organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO en la Udelar. Las representantes de ese organismo destacaron el valor de estos casos para avanzar en el cumplimiento de derechos en la región.

La actividad contó con la presencia de Felipe Michelini, coordinador de la Cátedra; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Uruguay; Martín Sbrocca, representante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y peticionario en el caso 1224/07 David Rabinovich-Uruguay; Juan Faroppa, representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDH); y Dianela Pi, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Michelini indicó que este seminario concluye el ciclo «Relatores» realizado por la Cátedra para cumplir con los cometidos de su Plan Estratégico y desarrollar temas de interés que afectan la libertad, la igualdad, la educación en derechos humanos, y el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos. Además, agradeció especialmente la presencia de Belela Herrera que «tantas veces ha sido un faro en el camino de la lucha por la dignidad humana».

Al comenzar la moderación de la mesa, Villarreal destacó el posicionamiento de Uruguay en relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reconoció la importancia que tiene la Comisión para poder efectivizar los derechos humanos pero también para interpelarnos, «porque Uruguay a pesar de ser una democracia plena tiene zonas opacas, entre ellas los delitos de lesa humanidad y la impunidad».

Arosomena de Troitiño explicó que la solución amistosa es un mecanismo que se utiliza para alcanzar arreglos pacíficos, consensuados y no conflictivos o contenciosos. Se trata de un proceso que es facilitado por la Comisión porque constituye un medio eficaz para alcanzar una reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que está ajustada a sus intereses y a sus necesidades. Destacó la figura del relator de país que, respetando la voluntad de las partes y particularmente la posición de la víctima, promueve el uso de este mecanismo.

Entre los desafíos principales de su implementación está cómo poner en práctica o hacer efectivo lo acordado por las partes al finalizar el proceso. También siempre existe una «posibilidad real de desconfianza». Sin embargo, la Comisión procura actuar como facilitadora de este mecanismo como un espacio de diálogo, realiza una evaluación del daño causado y las posibles formas de reparación. Pero la comisionada indicó que «el proceso comienza, se desarrolla y finaliza estrictamente sobre la base de la voluntad de las partes».

Más que un trámite
Asimismo, la Comisión tiene la responsabilidad de hacer una valoración de los logros que efectivamente se alcanzan luego de establecido un acuerdo. Cuando se llega al cumplimiento total de las medidas acordadas, entonces concluye su papel de supervisar y finaliza el trámite ingresado en el sistema de peticiones y casos individuales.

A través de la solución amistosa puede llegarse a medidas de compensación económica y medidas de reparación o restitución del derecho afectado, por ejemplo, la libertad de la víctima, la derogación de determinadas leyes que son contrarias al estándar de protección establecido por la Comisión, la devolución de tierras, restitución de un empleo, entre otros. También pueden incluirse medidas de rehabilitación, cuyo objetivo es asistir a las víctimas en la recuperación de las afectaciones físicas, psicológicas, o condiciones de vida que fueron ocasionadas a raíz de los hechos violatorios.

La comisionada Urrejola expresó que con este mecanismo la CIDH «ha logrado generar un impacto en medidas de satisfacción en verdad, memoria y justicia». Estas medidas «están ligadas a la relación de la verdad como primer requisito para alcanzar la justicia y tienen un significado trascendental en la recuperación de la dignidad y la reputación de las víctimas».

Repasó varios casos significativos de procesos de solución amistosa, que llevaron a acciones de reparación, pero además sirvieron «para reforzar el compromiso estatal de no repetición de violaciones similares en el futuro». Como ejemplo mencionó el reconocimiento de responsabilidad, aceptación y disculpa pública por parte de los Estados, la búsqueda y entrega de restos de las víctimas de violación de derechos humanos, indemnizaciones, declaraciones oficiales que restablecen la honra y reputación de la víctima, apelación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables, u homenajes en honor a las víctimas. Medidas de este tipo se cumplieron en México, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros países.

Nunca más
En procura de dar «garantías de no repetición» de violaciones similares, los Estados deben adoptar medidas a nivel jurídico, político, administrativo y cultural. Por eso estos casos pueden tener «consecuencias estructurales importantes», explicó. Como ejemplos destacó el caso Juan Carlos de la Torre de Argentina, tras el cual «el Estado argentino reformó completamente la Ley de Migraciones». Otro ejemplo notorio refiere a la omisión estatal en la protección a los menores en Maranhão, Brasil, ante la tortura, mutilación y asesinato sufridos por un grupo de niños. Además de asumir su responsabilidad y adoptar medidas de reparación, el Estado comenzó a capacitar a los policías en la atención a niños y adolescentes. Medidas similares a estas se tomaron en Chile: luego de la solución amistosa en un caso de violencia de género, esta temática se incorporó a la formación de los carabineros.

Con respecto a la Petición 1224/07 David Rabinovich-Uruguay, presentada ante la CIDH, Urrejola explicó que el peticionario reclamó su derecho a la información y libertad de expresión, afectados por la existencia en Uruguay de una ley incompatible con los estándares internacionales. La relatora afirmó que la Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a la información no solamente es «fundamental para la preservación de los sistemas democráticos», sino también «para la realización de otros derechos humanos, especialmente en los grupos más vulnerados».

La CIDH sostiene que la gestión estatal de la información pública «debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe», de manera que la transparencia sea la regla general, salvo mínimas excepciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas democráticos. La solución del caso uruguayo culminó con la firma de un acuerdo entre el Estado y Rabinovich, que además del reconocimiento de la responsabilidad estatal, obligó a una reparación y a la difusión amplia del caso «como medida de no repetición de los hechos». La realización del seminario cumple con ese mandato, apuntó Urrejola. A raíz de este caso, el Estado uruguayo promovió reformas legislativas tendientes a garantizar y hacer efectivo el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información pública.

Por su parte, Sbrocca se refirió brevemente al caso del periodista Carlos Dogliani, denunciado en 2004 por difamación a raíz de unas manifestaciones que realizó sobre el entonces intendente de Paysandú Álvaro Lamas. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Asociación de Prensa del Uruguay denunciaron el caso ante la CIDH y en 2009 se arribó a una solución amistosa. Según Sbrocca, esto «marcó un antes y un después» porque el Estado uruguayo reconoció los derechos del periodista que habían sido violados y aceptó abonar una indemnización económica, pero además se comprometió a modificar la Ley de Prensa y el Código Penal.

Jerarquías
Sobre el caso de David Rabinovich, explicó que en 2006 el periodista solicitó a la Junta Departamental de San José acceso a información relacionada a temas presupuestarios, pero ésta se lo negó. Presentó una acción de amparo ante la Justicia uruguaya que fue rechazada, y consecuentemente ingresó la petición ante la CIDH por la violación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a investigar y acceder a información.

Sbrocca hizo hincapié en el papel proactivo de la Comisión que «fue clave para que esto no naufragara, porque en varios momentos instó a continuar la negociación y trató que limáramos asperezas que todavía nos distanciaban». «Esto demuestra que es una vía muy útil y un mecanismo muy saludable que nos permite evitar tener que llegar a situaciones contenciosas que puedan derivar en la Corte Interamericana o en una condena», concluyó.

En su intervención Faroppa explicó que hace más de 25 años la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los llamados Principios de París, mandatando la creación de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos. Se concibieron como instituciones autónomas, independientes y pluralistas, encargadas de promover y defender los derechos humanos a nivel nacional. En Uruguay su instalación fue discutida y resistida durante muchos años, señaló, hasta que fue creada en 2008 y comenzó a funcionar efectivamente en 2012. Para ello fue fundamental el apoyo de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de algunos sectores de la academia.

Faroppa destacó que para el INDH resulta fundamental la vigencia de un Sistema Interamericano de Derechos Humanos «sólido y operativo» con amplia aceptación de los países. En la región «se presentan desafíos concretos que ponen en riesgo el principio de no regresividad de los derechos humanos», puntualizó. Como ejemplo señaló que en Uruguay se está promoviendo la derogación de la llamada Ley Trans, que ha significado «un paso importantísimo para consagrar el derecho a la igualdad y a la no discriminación». Hay sectores de la academia con posiciones distintas acerca de las normas internacionales, lamentó: para Faroppa «no se puede poner en duda» que su jerarquía es al menos constitucional. Es necesario entender que «lo peor que puede pasar con los derechos humanos es que se naturalicen, pensar que siempre estuvieron ahí, que desde siempre los Estados los reconocieron», concluyó.
Publicado el martes 28 de mayo de 2019

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