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Domingo 18 de Agosto de 2019

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Embarazo infantil: Forzado, bestial e invisibilizado

Académicas de la Udelar, representantes del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y de organismos estatales, participaron de un intercambio sobre el embarazo infantil forzado. En los países de la región como en Uruguay, los Estados muestran serias fallas en el tratamiento de esta realidad tanto a nivel normativo, como de capacitación y de coordinación entre instituciones, señalaron. La actividad se tituló «Embarazo y maternidad infantil forzada: aportes, respuestas y desafíos. Diálogo Cladem y Estado».

El encuentro en la Sala Maggiolo de Cladem es una organización socio jurídica sin fines de lucro con estatus consultivo en OEA y UNESCO con representación en 15 países de la región, enfocada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, con especial atención al derecho a una vida libre de violencias. Un convenio entre la Facultad de Derecho de la Udelar y Cladem permite que en conjunto lleven adelante el Diplomado «Embarazo y maternidad infantil en América Latina y el Caribe».

Una de las bases para esta mesa de diálogo, desarrollada el 20 de junio, fue el informe Jugar o parir. Embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe, elaborado por Cladem en base a datos de 2016. En él se define al embarazo infantil forzado (EIF) como el que «se da cuando una niña menor de 15 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo». Desde 1998 el embarazo forzado se considera crimen de guerra y/o de lesa humanidad por el Estatuto de Roma (artículos 7 y 8) cuando se comete en el marco de un conflicto armado, pero «las mujeres que atraviesan esa experiencia en tiempos de paz sufren también graves consecuencias», se explica en la publicación.

El documento aporta datos de 15 países de la región y señala en primer lugar que las causas más frecuentes del embarazo forzado en América Latina y el Caribe son la violación sexual incestuosa o por extraños a la familia, las uniones de hecho o matrimonios precoces y la «relación sexual consensuada en la que la niña no conocía las consecuencias, o conociéndolas, no pudo prevenirlas». Cuando por diversas causas el embarazo de estas niñas no se interrumpe, se produce la maternidad infantil forzada.

Las niñas de 14 años o menos sufren más complicaciones físicas durante el embarazo y el parto, que a esta edad «son de alto riesgo», destaca el informe. A esto se agrega que en esa franja etaria ambas situaciones generan consecuencias adversas en la salud mental; además, cerca de la mitad de estas niñas abandonan sus estudios, con lo cual verán complicada su inserción en el mercado de trabajo. También explica que «debido a la alta prevalencia de violencia sexual entre las causas de embarazos y maternidades infantiles», la mayoría de las niñas madres no conviven en pareja, sino que «reciben apoyo principalmente de sus madres y abuelas»; asimismo es frecuente que estas niñas sigan conviviendo con la persona que las violentó. Las cifras de embarazo y maternidad infantil son mayores en países con niveles más altos de desigualdad de género, aumentan donde hay mayor desigualdad social y por tanto más violencia social.

Nos muestra quiénes somos
El encuentro se abrió con la participación de Ana Lima, coordinadora de Cladem Uruguay, quien explicó que la organización trabaja hace 19 años en nuestro país aportando a «un diálogo constructivo para fortalecer el marco legal y las prácticas respetuosas de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes». En 2016 Cladem y otras organizaciones se enfrentaron al gobierno de Paraguay en reclamo por el caso Mainumby, referido a una niña de 10 años que, violada por su padrastro, quedó embarazada y fue obligada por el gobierno de ese país a llevar la gestación a término. El hecho motivó a Cladem a enfocar su atención sobre la temática del EIF.

Susana Chiarotti, integrante del Comité Consultivo de Cladem, comentó detalles del mismo caso, que fue presentado por esa organización ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La niña embarazada «medía poco más de 1,30 metros, pesaba 36 kilos y estaba desnutrida». Poco después ocurrieron casos similares en Corrientes y Salta, Argentina, explicó, en uno de ellos Cladem constató que no se realizó un test de embarazo luego de comprobar el abuso, además de que hubo un manejo pésimo de la pericia forense. Estos y otros procedimientos y omisiones, sumados a la total falta de comunicación entre los organismos que actuaron ante el mismo hecho, demostraron que el Estado no estaba preparado para atender situaciones de este tipo, afirmó.

Cladem abordó entonces un estudio y relevamiento en la región de la población de niñas que tenían hijos con 14 años o menos. «Vimos que en un montón de casos se las obligaba a ser madres y que había una serie de factores generales en todos los países que obstaculizaban la posibilidad de que las niñas ejercieran su autonomía reproductiva», explicó Chiarotti. Entre estos mencionó que en la región seis países prohíben totalmente la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. En otros casos, ante la voluntad de interrumpirlo se pueden interponer la objeción de consciencia del personal de salud involucrado o la intervención del Poder Judicial.

Chiarotti señaló que el problema debe ser encarado desde un enfoque no epidemiológico: «a quienes trabajamos con derechos humanos las cantidades no nos interesan, porque cada caso nos muestra quiénes somos y cada caso es único». Cladem comprobó que en estas situaciones el Estado respondía muchas veces de manera descoordinada, sin enfoque de derechos humanos, «que no había datos desagregados por edad, cuando es diferente parir a los 11 que a los 17, ni protocolos especiales para las niñas, que el personal de salud no tenía directivas claras para atenderlas y derivarlas», indicó. A la vez, se constató «un bombardeo en todos los países de la región a los planes de educación sexual», que permitirían a las niñas empoderarse y frenar abusos, afirmó.

Invisibles
El problema está ligado a los altos índices de impunidad en el abuso sexual infantil de la región —que supera el 98%—, y a la violencia sexual contra las mujeres, indicó Chiarotti. Aquí «hay un mensaje para quienes trabajamos en el derecho y en los organismos públicos, ¿qué les decimos a las mujeres, a las niñas y niños cuando les decimos que denuncien? ¿a dónde los mandamos?», cuestionó. También observó que en América Latina y el Caribe los espacios a los que las niñas embarazadas pueden acudir están muchas veces vinculados con iglesias o directamente con agencias de adopción internacionales, sobre esto debe haber «también una alerta grave», opinó.

Refirió diversas situaciones que suelen ocurrir en nuestros países, sometiendo a «condiciones de tortura» a las niñas embarazadas: los casos se judicializan y prolongan en el tiempo, se les ofrece continuar con el embarazo a cambio de dinero —es decir, se les plantea la compra del hijo o hija, incluso por parte de funcionarios públicos—, se las hospitaliza, se las engaña, se les da una serie de inyecciones para madurar el desarrollo del feto sin explicarles por qué, «para después olvidarse de ellas. Todo se termina cuando nace la criatura».

En relación a las definiciones sobre el derecho a la vida, valoró positivamente el hecho de que en octubre pasado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas redactara un comentario general dirigido a los Estados, que reemplaza análisis anteriores y hace especial mención al derecho a la vida de las mujeres en casos de interrupción del embarazo, y en especial al de las niñas embarazadas.

Susana Rostagnol, docente del diplomado, indicó que sobre este problema hay invisibilidad y también «no visibilidad, es decir cuando sabemos que algo existe pero miramos para el costado». Para la investigadora esto ocurre porque muchas veces los embarazos infantiles se dan por abuso intrafamiliar o del entorno cercano. El abuso a menores es un delito que se mantiene con muy alta impunidad pero a la vez frecuentemente las denuncias no llegan porque las niñas abusadas no logran expresarlo hasta que son adultas, por diversas razones: «puede ser por el trauma generado por el abuso, por su relación afectiva con el abusador, porque sienten culpa, o porque piensan que nadie les va a creer». Cuando ocurre un embarazo infantil, lo más probable es que sea el resultado de abusos reiterados, señaló, por tanto «estamos ante una niña que está en situación de total vulnerabilidad, física, psicológica, afectiva, social», ninguna de las redes sociales en las que ella se mueve pudo detectar la problemática y está en un lugar de indefensión.

Si bien en la mayoría de los países de la región sí se permite la interrupción del embarazo en casos de violación, por debajo de los 14 años «es muy difícil transitar ese camino». Con relación a aquellas que quieren seguir adelante con el embarazo, cuestionó cuál es el margen de autonomía que tienen las niñas de 10 a 13 años, «aquí se plantea un nudo problemático importante, un dilema entre la tutela y la autonomía», expresó.

Rostagol dijo que es «absolutamente necesario demandar leyes y políticas de Estado, pero todos estamos involucrados, tenemos que hacernos cargo como sociedad del cuidado de los menores de edad». Agregó que «no vamos a terminar con el problema si no trabajamos con los hombres que abusan», y que es necesario capacitar más a todos los involucrados en la atención de salud, en el sistema judicial e instituciones relacionadas con la temática, sobre la base de que «la maternidad infantil forzada es lo abyecto, lo bestial».

Desde la primera infancia
Flor de María Meza, docente del diplomado sobre embarazo infantil que se imparte en la Udelar y coordinadora del Área de Derechos Humanos Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, aludió al derecho de las niñas «a tener un proyecto de vida», un concepto que se relaciona con la libertad y viene siendo manejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de diferentes casos relacionados con niñas, niños y adolescentes. Citó una sentencia del juez Antônio A. Cançado Trindade de 1999, que expresaba que muchísimos niños latinoamericanos viven «en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida», experimentando «un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual». Meza acotó que la gran mayoría de las niñas que atraviesan embarazo y maternidad forzada son pobres.

Afirmó que es necesario que en nuestras legislaciones haya instrumentos legales dirigidos especialmente al cumplimiento de los derechos de estas niñas, así como protocolos de actuación que hagan efectiva la coordinación entre diferentes organismos y resuelvan tempranamente su problemática. Puntualizó que en nuestro país la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, cuando los estándares internacionales apuntan a fijar esa edad en los 18 años. Incluso hasta hace poco tiempo era de 12 años para las niñas y 14 para los niños, la existencia de estas normas «nos dice cómo la sociedad valora el tema de la niñez y la adolescencia, y qué rol le sigue asignando a esas niñas y adolescentes». Lamentó que tema no esté en la agenda política, pues sobre esto es necesario cambiar prácticas y voluntades, concluyó.

La representante del Ministerio de Salud Silvia Graña se refirió al proceso de diseño e implementación de una «Estrategia intersectorial y nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes» 2016 -2020, iniciativa impulsada por los Ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social, Educación y Cultura, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ANEP, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Presentó el documento que resume los aspectos trabajados hasta ahora en ese programa.

Para la Estrategia se identificó al embarazo adolescente como un problema en el rango de los 10 a los 19 años — frecuentemente relacionado con el abuso en menores de 15—, y se le dio enfoque de derechos y género con inclusión del varón y su responsabilidad. Además se apuntó a un compromiso de alto nivel político, indicó. A partir de 2014 en nuestro país se constató un descenso del embarazo adolescente y el grupo de trabajo dedicado a la Estrategia entiende que el cambio comenzó «a partir de poner el tema en el tapete». (Ver documento “Estrategia intersectorial y nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes”).

Por su parte la directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Marisa Lindner, señaló que la problemática discutida en el encuentro se enmarca en una realidad de abuso infantil y adolescente que «a nivel nacional es casi imposible de dimensionar y que provoca daños muy difíciles de revertir». Los miles de casos denunciados parecen ser solo «la punta del iceberg», se han constatado situaciones de esclavitud y lugares de nuestro territorio donde está sumamente naturalizada la explotación sexual de los cuerpos de las niñas, señaló. Recordó hechos que evidencian los fracasos de un sistema que no puede dar respuesta adecuada estos problemas; también mencionó que se originaron nuevos marcos normativos que los reconocen y apuntan a hacerles frente.

Lindner dijo que los avances en la normativa y el diseño de políticas públicas «son importantes en temas donde no existe movilización social» y que «a veces el cambio institucional es mucho más difícil que el cambio de las propias cabezas». Además de generar políticas que promuevan la capacitación de funcionarios y actores involucrados, así como la creación de protocolos, valoró que la problemática se debe abordar con la participación de niños, niñas y adolescentes. Destacó la importancia de la autonomía progresiva que debe comenzar trabajarse en la primera infancia, como ejemplo mencionó las guías de detección de violencias en niños de 0 a 3 años de edad.

Descargar documento Jugar o parir. Embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe

Descargar Estrategia intersectorial y nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes 2016 -2020
Publicado el viernes 5 de julio de 2019

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