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Miércoles 18 de Setiembre de 2019

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Udelar en el debate sobre la reforma «Vivir sin miedo»: Ellos y nosotros

Mesa de diálogo ¿Vivir sin miedo?. 21/08/2019. Foto: Richard Paiva-UCUR. El 21 de agosto en el Paraninfo se realizó la mesa de diálogo «¿Vivir sin miedo? Posibles consecuencias para la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el Uruguay contemporáneo». Cuatro investigadores de la Udelar aportaron elementos de análisis para una mejor comprensión del tema por parte de la ciudadanía, respecto a las propuestas de creación de una guardia nacional militarizada, el endurecimiento de penas y allanamientos nocturnos, entre otras.

En esta actividad expusieron los profesores Natalia Uval de la Facultad de Información y Comunicación, Luis Eduardo Morás de la Facultad de Derecho, Nilia Viscardi de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Emiliano Rojido de la Facultad de Ciencias Sociales.

«Ni la autonomía universitaria es una entelequia ni la laicidad es sinónimo de pasividad»
El rector Rodrigo Arim dio la bienvenida a los presentes y al referirse a la pertinencia de esta actividad, subrayó que «ni la autonomía universitaria es una entelequia ni la laicidad es sinónimo de pasividad».

Explicó que «la autonomía universitaria es un concepto intrínsecamente multidimensional y no es reductible a aspectos exclusivamente de gestión». Agregó que dos de sus pilares centrales están proclamados en la Ley Orgánica en los artículos 2 y 3. En primer lugar «la obligación de contribuir a la comprensión de temas de interés general y propender a su comprensión pública y con ello la potestad de expresar su propia opinión institucional», indicó.

Mientras que el segundo pilar es «la defensa y el ejercicio de la libertad de opinión fundada su más amplia expresión». Al respecto, dijo que «ni los argumentos vertidos en actividades como esta generan compromiso a ninguno de sus integrantes ni las posibles expresiones institucionales exigen adhesión vinculante a ningún universitario». Ambos pilares «no son una elaboración discursiva de la Udelar, los proclama la Ley Orgánica en los artículos 2 y 3», señaló.

En cuanto a la laicidad señaló que es un «principio rector respecto a marcos valorativos y opiniones pero exige la fundamentación racional y el ejercicio del debate informado como fuente de formación de opiniones. La laicidad universitaria no es un concepto de neutralidad aséptica, es una forma de compromiso decidido con la libertad de pensamiento y el bienestar social». Por tanto, el tema de la convivencia ciudadana y su vínculo con la política de seguridad es «un tema de interés general que requiere la opinión de la Universidad» indicó el rector. La Udelar «tiene la obligación legal y el compromiso ético de poner el compromiso generado y la información sistematizada a disposición de la sociedad».

Arim explicó que el Consejo Directivo Central (CDC) creó una comisión que relevó docentes e investigadores referentes en temáticas de seguridad, violencia, criminalidad, medios de comunicación, entre otros temas. Y que «en ningún momento se preguntó cuál era la posición de los investigadores en cuanto a la reforma sino que se valoró su trayectoria con respecto a la temática».

El rector concluyó señalando que esta actividad «es nuestro aporte como universidad al debate democrático y plural desde un papel distinto al que tienen otros actores. La laicidad no es prescindencia sino compromiso con hacer dialogar disciplinas y enfoques distintos para mejorar la calidad de la convivencia social».

Factor militar
El primer expositor fue Luis Eduardo Morás y se refirió en principio al contenido específico de la reforma y luego a los efectos simbólicos que esta propuesta tiene en la agenda política. Expresó que la reforma retroalimenta la idea de que «los delincuentes no pueden ser otra cosa que delincuentes, que no hay ninguna historia previa, ni ninguna vulneración estatal ni ninguna vulneración de derechos. Que el delincuente es delincuente porque así lo decidió, es un oportunista racional» indicó.

«Creo que por ahí están las condiciones de posibilidad para que haya tenido una adhesión tan importante esta propuesta».

Propuesta a la que Morás definió como «regresiva» con respecto al derecho penal y las garantías procesales. «Introduce y habilita la incorporación de normas penales y principios de política criminal a nivel constitucional, cuando se podría resolver por reformas legales o cambios institucionales» agregó.

Respecto a uno de los puntos de la reforma, relativo a los allanamientos nocturnos, Morás entiende que lo que se busca resolver con esta medida «podría resolverse a través de un mecanismo institucional como mejorar la inteligencia policial y combatir el narcomenudeo».

Recordó que desde 2016 se han cerrado 600 bocas de pasta base, y se preguntó «¿cuánto se incrementaría el cierre de bocas con los allanamientos nocturnos? Estos allanamientos atacan el narcomenudeo y no el narcotráfico, que es el problema central».

En cuanto a otro de los puntos de la propuesta: el cumplimiento total de la pena y la eliminación total de los beneficios liberatorios, indicó que la reforma apunta a «tener a las personas presas el mayor tiempo posible». Morás agregó que lo que se debería discutir es el rol de la cárcel que «no cumple con las funciones fundamentales» ya que «no disuade el delito y además no cumple, ni que hablar, con la posibilidad de rehabilitar, cuando tenemos un índice de reincidencia del 65%».

Señaló que 15.000 personas son procesadas por año y «hoy tenemos 11.000 presos pero tendremos 15.000 o 20.000 presos si se introducen estas medidas».

En relación a otro de los aspectos de la reforma que refiere a la creación de una Guardia Nacional integrada por militares, consideró que esto trascenderá el «rol específico que tiene asignado» y que un Ejército Nacional no se puede hacer cargo de determinados problemas sociales. Para Morás la reforma tiene un «factor militar como elemento central».

Remarcó que es esperable que con 2000 militares no se mejore lo que no mejoraron 30.000 policías y que además no se puede pensar que el traslado de 2000 militares no afecte «en nada la defensa nacional que es la función de las Fuerzas Armadas». Asimismo, «Uruguay tiene muchos policías: 800 cada 100.000 habitantes» afirmó Morás y recordó que esta propuesta no es bienvenida «ni por la Policía, que ve deslegitimada su función, ni por los protagonistas que son las Fuerzas Armadas».

Por tanto, el académico entiende que esta «reforma se constituyó en un factor relevante del militarismo en la discusión pública de los problemas sociales». Y que «estamos discutiendo algo que no hace al nudo del problema que la sociedad uruguaya tiene. Porque estamos discutiendo “allanamientos si, allanamientos no”, “fuerzas armadas si, fuerzas armadas no”. Cuando deberíamos discutir otros temas».

Realidad y medios
Por su parte, Natalia Uval comentó diferentes perspectivas acerca de los efectos de los medios masivos sobre el comportamiento y las opiniones de las personas, surgidas al investigar en comunicación. A comienzos del siglo XX una teoría consideró que esos efectos podrían ser «ilimitados», de modo que los mensajes de los medios podrían generar un efecto directo y lineal sobre las audiencias.

Posteriormente, se introdujo la noción de que sus efectos «están mediados» por factores que no se restringen a la edad o el sexo, sino que incluyen el contexto y las experiencias en la vida de las personas. Indicó que puede haber diferencias importantes entre personas de la misma edad al recibir un mensaje a favor de la reforma «Vivir sin miedo», dependiendo de la visión que se tenga en sus hogares sobre las fuerzas armadas y la dictadura, o de la perspectiva ideológica del receptor. Influyen además intermediadores como nuestros grupos de pares y otros ámbitos sociales que no tienen que ver con el consumo mediático.

Una recepción positiva o negativa del mismo mensaje también depende del lugar donde vivimos. Algunos autores sostienen que tendemos a aceptar los mensajes y pautas de codificación de los medios masivos cuando refieren a los barrios donde no vivimos, y en caso contrario los cuestionamos. En definitiva, señaló Uval, en comunicación «el partido se juega más en el campo de la recepción que en el de la emisión».

La docente agregó que los medios masivos «encuadran la realidad», es decir, marcan temas que serán relevantes para la sociedad, eligen desarrollar algunos y les dedican más tiempo. Así, «tematizan determinadas violencias y otras las invisibilizan», se enfocan más en violencias del ámbito público y sobre la propiedad pero invisibilizan las del ámbito privado como el abuso sexual infantil, «que es una emergencia nacional», o los delitos cometidos «por sectores de altos ingresos, muy frecuentemente asociados con ámbitos de poder», indicó.

A esta perspectiva se agregan explicaciones sobre las causas de la violencia. Hasta hace poco era normal que los medios vincularan la violencia de género con situaciones individuales y no con un fenómeno social, expresó, hay encuadres que justifican la violencia social en la «pérdida de valores» y otros en la desigualdad. Los medios «construyen identidades», afirmó, definen «quiénes somos nosotros y quiénes son ellos», suelen excluir del «nosotros» a algunos grupos como si no formaran parte de la sociedad, con sentencias como «la gente ya no aguanta más a los delincuentes». La tematización construye sujetos peligrosos, por ejemplo en torno a los jóvenes, o ubica a la violencia en determinados territorios «excluidos del nosotros», concluyó.

Miedo y educación policial
En tanto, Nilia Viscardi destacó la importancia de generar un diálogo amplio como parte de una nueva agenda de seguridad. Para indagar si la reforma propuesta es capaz de reducir la inseguridad es necesario considerar datos científicos, afirmó, si bien su interpretación depende de una concepción política. Señaló que «en Uruguay los niveles de violencia vienen en aumento desde los años ochenta, aún cuando son más bajos que en el resto de América Latina». Con base en nuestra experiencia social se constata un miedo real y sensato en la sociedad, «los uruguayos tienen más miedo de la inseguridad» en relación a otros países. De modo que sí existe un problema de inseguridad y a la vez el miedo no tiene relación directa con la probabilidad de sufrir las consecuencias de un delito; esto es relevante porque la reforma «parte de la certeza de este miedo y se basa en él desde el punto de vista discursivo», indicó.

Por eso, una política de reducción real de la violencia en Uruguay —lo que se supone es el verdadero objetivo de la reforma planteada— deberá pasar también por la transformación de las sensibilidades en cuanto al problema de la seguridad, afirmó. Recordó que en la década de los noventa las autoridades de centros educativos que percibían violencia en sus instituciones la atribuían «a los medios de comunicación, a los niños que ven programas violentos, a la falta de trabajo, a padres ausentes o separados». Veinte años después, señalan que hay problemas de violencia «porque este lugar está lleno de narcos y rapiñeros». Esto es grave, porque demuestra que desaparece la solidaridad de la sensibilidad social, no se maneja «la idea de que la violencia puede ser resultado de una condición social desigual», puntualizó.

La investigadora mencionó un informe de Pierre Salama de 2008 acerca del incremento de la violencia en América Latina, que ubica sus causas en el crecimiento desordenado de las urbanizaciones y en la desigualdad social. El mismo trabajo concluye que el aumento de la eficacia del sistema represivo provoca la reducción de los delitos de homicidio, aclarando que tal eficacia «no se puede confundir con una mayor represión» sino que se corresponde directamente con el porcentaje de casos resueltos. Por tanto «está ligada a la calidad de las instituciones», explicó, si estas son débiles, «el aumento de la represión lleva a un incremento de la violencia».

En esta línea, Viscardi valoró la necesidad de fortalecer a las instituciones relacionadas con la seguridad pública y entre otras acciones, transformar la formación policial en cumplimiento de la Ley de Educación. La profesionalización de la policía se ha demostrado como un camino efectivo en los países con menores niveles de violencia social, explicó, y es un capítulo que en Uruguay debe involucrar a la Universidad y su vínculo con otros organismos como el Ministerio del Interior. La institución policial ha tenido algunas transformaciones que apuntan a mejorarla, pero la reforma planteada vendría a interrumpir y desandar ese proceso porque se asienta «en la base de la ineficacia del Estado» para prevenir y proteger, por eso propone una radicalización de las medidas represivas. El aumento de la represión a manos de policías poco formados, o militares, deriva en la resolución de más conflictos por la fuerza, explicó.

Además, «la propuesta de reforma instala un discurso de racismo, habla de delincuentes y no de personas que eventualmente pueden cometer un delito, asociando la condición de la delincuencia a la de la pobreza». En Uruguay no se tematiza la delincuencia de cuello blanco ni la violencia institucional, que es una fuente muy importante de homicidios en América Latina; este punto no se considera en el proyecto de reforma, explicó.

Tiro en el pie
Por último, Emiliano Rojido expresó que «el aumento de la violencia y la criminalidad es la principal preocupación de los uruguayos». Si bien se han hecho varios esfuerzos para mejorar la seguridad, como el aumento de presupuesto y la reforma de la institución policial, la mejora de los salarios y el equipamiento de los policías o la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Señaló que hay carencias en la disponibilidad de herramientas de evaluación del impacto de esas políticas y programas. El investigador recordó acciones como la creación de la nueva unidad de Punta de Rieles, la implementación de megaoperativos y otras medidas, pero en esencia, la política criminal ha insistido en colocar «más policías en la calle y más presos en las cárceles, y no salimos de eso». Este enfoque es bastante pobre y omite otras dimensiones «como la prevención del delito y el reingreso a la sociedad de personas que ya pasaron por el sistema», expresó.

La actual propuesta de reforma representa la profundización del mismo enfoque sin base «en ninguna evidencia», sus promotores no han presentado datos para fundamentarla. Es evidente que esta «moviliza a la ciudadanía» puntualizó, al parecer por razones «más simbólicas que instrumentales». Indicó que en general, aún con matices, los especialistas en la materia no consideran que esta propuesta sea adecuada para mejorar la seguridad pública. «La reforma no es suficiente ni necesaria», y de aprobarse «probablemente empeore» la seguridad pública, afirmó.

Rojido indicó que Uruguay no necesita más agentes de seguridad porque tiene la mayor tasa de policías de América Latina, es decir «los problemas no se deben a la falta de policías», que han aumentado 18% desde 2015 hasta hoy. Opinó que necesitamos una Policía más profesional, y la incorporación de militares a las tareas de seguridad interna no solo sería negativa porque no están preparados para esa función, sino que generaría problemas de coordinación entre las instituciones policial y militar. Incluso «sería mejor idea formar nuevos policías desde cero», expresó. Las experiencias de incorporación de militares a las funciones de seguridad interna en la región mostraron efectos negativos, tanto en Venezuela como en México y Río de Janeiro, afirmó, generando más letalidad.

En relación a la propuesta de aumento de penas, indicó que «sería un tiro en el pie tremendo para Uruguay», porque «hoy la cárcel es parte del problema de la seguridad y no de la solución». Nuestro país no solo tiene la segunda tasa de la región más elevada de personas encarceladas, sino que nuestro sistema genera más de 60% de reincidencia, «ese es el producto de toda esta inversión», señaló. «La evidencia muestra que la disuasión no funciona», la propuesta de reforma solo incapacitaría a las personas para delinquir encerrándolos por más tiempo. Además, prolongando el encierro solamente se conseguiría cortar aún más los vínculos de los privados de libertad con la sociedad.

Respecto al planteo de habilitar los allanamientos nocturnos, consideró que «peca de ingenuidad» y sería «una medida cosmética», porque las bocas de droga son «el eslabón más vulnerable al final de la cadena» en una organización de narcotráfico. Además «no existen bocas que solo se puedan allanar durante la noche» sostuvo. Igualmente señaló que esta es la medida «más discutible de la reforma» ya que algunos investigadores ven en ella una ventaja porque reduce los tiempos de vigilancia policial en espera del amanecer para ingresar a viviendas o locales. Por otra parte, se considera una acción muy traumática para las familias y menores afectados. A esto se agrega que durante la noche «hay poco control social sobre el accionar de la Policía y aumenta el riesgo de enfrentamientos con armas de fuego y accidentes». Según indicó Rojido también «hostilizaría las relaciones entre la Policía y la comunidad».

Acceder al video de la actividad «¿Vivir sin miedo? Posibles consecuencias para la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el Uruguay contemporáneo» en el canal Teleuniversitaria

Publicado el jueves 22 de agosto de 2019

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Mesa de diálogo ¿Vivir sin miedo?. 21/08/2019. Foto: Richard Paiva-UCUR.
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