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Domingo 15 de Diciembre de 2019

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Enfoque interdisciplinar contra la violencia a la mujer por razones de género

Alicia Castro, Cristina Mangarelli y Nelson Villareal Foto: Andrea Cammarano - UCUREl 26 de noviembre se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) la actividad «Enfoque Interdisciplinar contra la violencia a la mujer por razones de género».

El evento fue organizado por la Facultad de Derecho y la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y se enmarca en la conmemoración internacional que se lleva adelante todos los 25 de noviembre. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró en 1999 esta fecha como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

En Uruguay el significado y alcances de la violencia hacia las mujeres basada en género está explicitada en la Ley 19580. Esta norma establece que es una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial así como la seguridad personal de las mujeres.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli y del secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Nelson Villarreal. Luego de esta instancia inicial se desarrolló una mesa de exposiciones en la que participaron cinco académicas de distintas disciplinas de la Udelar: Luz Calvo, Alicia Castro, Flor de María Meza, Beatríz Durán y Valentina Torre.

Por una Universidad libre de violencia de género
La decana Mangarelli sostuvo que la Facultad de Derecho tiene un rol importante que cumplir, así como en la defensa de los Derechos Humanos, en la prevención de la violencia contra la mujer por razones de género. Señaló que ésta responsabilidad se enmarca en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Udelar que establece como uno de sus fines «contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública» y la violencia de género es una de ellas.

En este sentido, la decana expresó que el rol de la Facultad de Derecho en esta problemática es difundir y analizar las causas que le dan origen, formular propuestas desde los distintos ámbitos e institutos de la Facultad.

La decana subrayó que más allá del estudio de los textos normativos o investigaciones particulares realizadas en la Facultad, es necesario seguir trabajando en el combate a los estereotipos de género. Estos tienen que ver «con un lugar equivocado que se le asigna a las mujeres en la sociedad, en la familia, en el trabajo, y de alguna manera también son una de las causas de la violencia hacia ellas», dijo y añadió que al estudiarlos se observa «la sinrazón de los mismos».

Cooperación entre la académia y la política pública
Por su parte, Nelson Villarreal expresó que «es fundamental que tanto la política pública como la academia, en el proceso de diálogo con la sociedad, construyan actividades y acciones en las que el empoderamiento de los ciudadanos sea clave».

Añadió que no se puede analizar la problemática de la violencia contra las mujeres sin considerar el factor cultural ya que este tipo de comportamientos contra las mujeres están instalados en la sociedad desde hace siglos. En este sentido, acotó que aunque en Uruguay existe normativa y la legislación ha avanzado mucho en la temática, la violencia de género sigue siendo un problema que sufren las mujeres en el país.

Para Villarreal el cambio cultural requiere normativa pero sobre todo construir vínculos e instalar procesos de diálogo, que permitan entender donde están los nudos que hacen que se repita la violencia. Subrayó que esta problemática en Uruguay no se puede dejar en el ámbito privado. «La estructura social uruguaya tiene en un sentido genérico niveles de violencia que deben ser preocupantes y que se expresan en las personas en situación de mayor vulnerabilidad y en este caso de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes», expresó.

El secretario de Derechos Humanos sostuvo que es necesario abordar de manera sistemática en lo académico, el estudio de las causas de estas situaciones y los instrumentos que deberían utilizarse para trabajar en pro de su resolución. Añadió que uno de estos instrumentos es la creación de legislación. En este sentido resaltó la importancia de las leyes 19580, Ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género, y la 19643 aprobada en el 2018, de combate contra la trata de personas. Villarreal añadió que otro aspecto a profundizar es cómo se vincula la normativa con los procesos y estructura social y con los mecanismos de reproducción de esta problemática.

Proteger a la víctima
La primera expositora fue la abogada Luz Calvo, profesora titular grado 5 en derecho privado I y VI y directora del Instituto de Derecho Privado I y VI de la Facultad de Derecho de la Udelar. Señaló que «estamos insertos en un mundo que está impregnado de la violencia» y se refirió a distintos modelos de violencia como un asalto a una ambulancia que estaba en un barrio para atender a un paciente y a la agresión en las escuelas de una madre a la maestra. Por eso, remarca la importancia «de ir a la raíz de este problema» e indicó que tiene que ver con la educación.

«Creo que hay un crecimiento exponencial de los casos de violencia doméstica» opinó, y remarcó que se refiere a un cambio en las costumbres y al acceso de la mujer a la educación y al trabajo, «esto ha traído un cambio en el comportamiento que no siempre es aceptado por la pareja hombre», quien era el proveedor de los recursos, y «eso trae los conflictos muchas veces». Señaló que otro de los factores es la visibilidad porque antes pasaba pero «quedaba de las puertas para adentro», pero «hoy todos tenemos que tratar de que se exteriorice y se visibilice».
«Tiemblo cuando alguien llega a mi estudio y me dice que tiene una situación de violencia doméstica» dijo la Dra. Calvo porque considera que antes tiene que haber pasado por muchos otros lugares donde no se llegó a percibir: «¿cómo en su entorno no ayudaron?, ¿cómo en el sistema de salud no la tenían registrada?, ¿cómo no había recibido apoyo terapéutico?» se preguntó.

Remarcó que la ley Nº 19580 impone unas ciertas medidas cautelares como el retiro del agresor y la prohibición del acercamiento y la comunicación con la víctima que por lo menos debe ser de 180 días. Dentro de las medidas en relación al derecho de familia, es importante que el juez puede disponer el retiro de la residencia común del agresor y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del alguacil, indicó. «Ahí es irrelevante quien sea el propietario porque el que se va es el agresor ya que lo que importa es la protección de la víctima y es la que se queda en el hogar».

La ley hace referencia a no revictimizar a la mujer para garantizar el efectivo goce de su derecho a una vida libre de violencia basada en género y la Dra. Calvo hizo alusión a lo que muchas mujeres le dicen: que no quieren usar la tobillera porque les suena y las miran a ellas. Y remarcó que «tienen que pensar en su seguridad y la tobillera es un mecanismo de protección». Sin embargo, también dijo que «es complicado porque hay que poner en la balanza la defensa de la integridad física y por otro lado la afectación de su libertad»

Señaló que «hay medidas de protección importantes que fijar y que se están fijando al amparo de la nueva ley» como la determinación de una pensión alimenticia a favor de la mujer víctima y de los hijos que tenga a cargo, también que la tenencia provisoria de los hijos no se le puede entregar nunca al agresor y la suspensión de las visitas a los hijos menores de edad.

Sostuvo que es importante que la perspectiva de género esté presente en los jueces especializados y también en los jueces de familia.

Indicó que la ley ha marcado la necesidad de la creación de juzgados que entienden, no solo en la situación de violencia que está viviendo esa mujer, sino que comprendan también todos los procedimientos relativos al divorcio, a la pensión alimenticia de la víctima, entre las tenencias y visitas donde esté la víctima como parte, entre otras situaciones. Pero considera que «hay otras situaciones donde la violencia se percibe» como por ejemplo en las disputas por los bienes que están impregnados en violencia o en casos de sucesiones «ahi tambien deberia estar la perspectiva de género».

Violencia estructural que nos impacta e indigna
Alicia Castro es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y escribana, fue docente grado 4 en filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de la Udelar y ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En la actualidad es integrante del Grupo de Trabajo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho.

Castro expresó: «los hechos de violencia que nos impactan y nos indignan son manifestaciones específicas y puntuales de una violencia estructural y cultural que está instalada desde tiempos inmemoriales».

Explicó que Johan Galtung, sociólogo noruego, fue quien introdujo la expresión violencia estructural. El investigador la utilizó para referirse a situaciones en las que un grupo social ve, sistemáticamente perjudicada la satisfacción de sus necesidades básicas para beneficio de otro grupo social, sin necesidad de que este ejerza violencia directa sino como resultado de una forma de organización de la sociedad.

Castro agregó que una de las complejidades de la violencia es que por estar inserta en la estructura social y cultural, se encuentra naturalizada y por tanto no es percibida como violencia por sus víctimas. Además las normas por ser producto de la estructura social y cultural desigual, reproducen las estructuras de poder vigentes en cada sociedad, y de ese modo las consolidan, las legitiman y tienden a perpetuarlas.

Añadió que existen en la sociedad sectores con desventajas para acceder y aprovechar los recursos para desarrollar plenamente sus vidas. Las diferencias en las que se basan estas desventajas sirven de pretexto para la discriminación y exclusión (diferencias de raza, etnia, género, educación, económicas).

Castro expresó: «Parafraseando el dicho popular, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, yo creo que tendríamos que decir: más vale ser varón, adulto, blanco y rico, que ser mujer, joven, afro y pobre o simplemente que ser mujer, aunque esa mujer sea adulta, blanca y rica».

«La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niños», remarcó.

Destacó el papel de la Facultad de Derecho en la tarea de erradicar la violencia de género del país, ya que la institución forma personas, ciudadanos expertos en Derecho que desempeñarán funciones importantes en la sociedad. Entre ellos fiscales, defensores, jueces, asesores jurídicos de las instituciones públicas y privadas, abogados litigantes, escribanos y expertos en relaciones laborales, todos con gran influencia en decisiones que nos afectan como sociedad.

Para finalizar Castro sostuvo que para abordar la problemática de la discriminación y la violencia de las mujeres basada en género, «el principio de igualdad requiere compensar diferencias injustificadas» y la legislación creada en los últimos años a nivel nacional y regional es un inicio en ese camino.

Cambiar paradigma de la sociedad machista
Luego fue el turno de la Dra. Flor de María Meza, doctoranda en Derechos Humanos, magíster en Derecho, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Comisión Sectorial de Extensión y actividades en el Medio y co coordinadora de la Red Temática de Género de Udelar.

Expresó que es necesario un cambio de paradigma y de modelos de «esta sociedad machista que se basa en mandatos de género de lo que nos es permitido y prohibido a las mujeres y de lo que tenemos que hacer, en tanto lo que la sociedad mandata y recorta nuestras libertades y nuestros derechos».

Se refirió al concepto de la violencia basada en género «es la violencia contra la mujeres por ser mujeres». Indicó que en la Conferencia de Viena de 1993 es cuando por primera vez se reconoce que los derechos humanos de las niñas son derechos humanos «hace un segundo en la historia», comentó. «En consecuencia de ese encuentro en Viena, tenemos la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que por primera vez es definida en un instrumento internacional y señala el camino para los Estados para prevenir, intervenir, sancionar y reparar» agregó. Añadió que para el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), la violencia de género «es un problema social más que individual que exige respuestas integrales, y una respuesta integral necesita una mirada interdisciplinar».

«La igualdad no es decir todos y todas. La igualdad real se tiene que sentir cotidianamente, aquí en facultad, en el bus, en la calle y donde vayamos. Es que se respeten nuestros derechos que conocemos como más prontos en la normativa nacional y que incorporamos los derechos que nuestros países han ratificado y que son derecho interno» señaló Meza.

Se refirió a la importancia del trabajo interdisciplinar para abordar esta temática y explicó que «la interdisciplina no es la suma de las disciplinas». Para afrontar «este flagelo», Meza considera que «no se puede seguir asumiendo que vamos a seguir luchando para evitar más muertes para prevenir la violencia solo desde el derecho o la sociología, sino que tenemos que tener una mirada interdisciplinar. Entre todos podemos encontrar una salida más eficiente», dijo. «Esta necesidad de tener una mirada global no es ajena a nuestra Universidad», concluyó.

Violencia laboral sobre la mujer trabajadora
Beatriz Durán, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y docente de Derecho Laboral de la Udelar, se refirió al tema desde la óptica de la violencia laboral que se manifiesta sobre la mujer trabajadora. Acotó que se habla de violencia laboral hacia la mujer «cuando por ser mujer, se le dificulta el acceso al empleo, el ascenso, la estabilidad en el trabajo, o se le disminuye el salario». También se considera violencia laboral hacia la mujer cuando se produce acoso moral o sexual, se imponen requisitos sobre su estado civil, edad, apariencia física o solicitud de análisis clínicos.

Recordó que el artículo 40 de la ley 19580 establece los derechos de las mujeres que se encuentren en un proceso de denuncia e investigación de situaciones de violencia en el ámbito del trabajo. Este artículo estipula que las mujeres tienen derecho a recibir el pago íntegro de su salario o jornal en el tiempo que le lleve la asistencia a audiencias, pericias u otras diligencias vinculadas a denuncias de violencia laboral. De igual manera, no se le pueden realizar descuentos de salario o pérdida de jornal por asistencias a instancias administrativas o judiciales (ya sea juzgado de familia o penal). También tienen derecho a la licencia extraordinaria con goce de sueldo por el lapso de 24 horas a partir de la presentación de la denuncia, prorrogable cuantas veces sea necesario, para cursar el proceso vinculado a la situación de violencia.

Otro de los derechos que establece este artículo es la flexibilización y cambio de horario de trabajo de la mujer, siempre que fuera posible y ella lo solicite. Además se establece el derecho a que las medidas de protección que se adopten ante la situación de violencia basada en género, no afecten el derecho al trabajo ni a la carrera funcional de la mujer.

También se menciona el derecho a la estabilidad en el trabajo, por un lapso de tres meses a partir de la imposición de medidas cautelares por hechos de violencia basada en género. Esta disposición apunta a que la mujer pueda desarrollar las medidas de este proceso con la tranquilidad de no perder su trabajo. Esto no quiere decir que el empleador no pueda despedir a la mujer por causas justificadas como la de notoria mala conducta. Si la despidiera durante este proceso sin causas razonables, debe pagarle el importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda.

Derecho a habitar la ciudad y acoso sexual callejero
Valentina Torre, investigadora en temas de sociología urbana, evaluación en políticas públicas, género y sexualidad, Licenciada en Sociología y maestranda en estudios contemporáneos de América Latina expuso algunos resultados del trabajo que viene realizando Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y el equipo de Sociología Urbana, que integra, sobre violencia hacias las mujeres en el espacio urbano junto a la Intendencia de Montevideo.

Torre señaló que primero partieron de la premisa de «cómo las mujeres vivimos nuestra ciudad, cómo la habitamos y cómo la atravesamos». Y pensaron sobre «cuáles son las formas de violencia contra mujeres en el espacio urbano».

Los feminicidios son la «forma más agudizada de violencia basada en género - la punta del iceberg» Pero la mayor parte de estos crímenes los cometen hombres que tienen algún vínculo con la víctima y ocurren puertas adentro, no en el espacio público.
El delito menor en espacios públicos más tematizado en Uruguay es la rapiña, pero «esta violencia ejercida hacia personas que muchas veces son mujeres no tiene un componente específico de género», señaló.

Sin embargo, continuaron avanzando en la recolección de datos y a través de diferentes literaturas y teorías, entienden «el urbanismo no es neutro desde el punto de vista del género» y por tanto, «la forma de construir ciudad no puede considerarse inocua ni escindida de las desigualdades sociales».

A través de esta investigación que recabó información de mujeres a partir de testimonios y grupos de discusión, se concluye que el principal problema cotidiano y sistemático que estas encuentran en el espacio público en Montevideo es el acoso sexual callejero. Esta situación condiciona el paso de las mujeres por la ciudad, con sus fronteras tanto espaciales como temporales, Montevideo les resulta una ciudad limitada en su posibilidad de habitarla, indicó Torre.

Algunos datos sobre la prevalencia del acoso sexual callejero: el 86,3% de las mujeres entre 18 a 44 años que reside en Montevideo y área metropolitana señaló que han vivido alguna de las formas de acoso sexual callejero y el 74% en los últimos 12 meses.

Torre señaló que «lo personal es político» dado que se empieza a reconocer como políticas cuestiones que hasta ese momento parecían personales o de la vida privada de cada mujer. También destacó que excede por completo a la mujer que recibe dicha violencia, porque no depende de ella de ninguna forma, sino que se basa en la legitimidad del ejercicio del poder masculino en el espacio público.

«¿Qué pasa con el derecho a la ciudad?» se preguntó «las formas de habitarla y el uso que hacemos las mujeres y el que hacen los varones no es el mismo». A partir de diagnósticos específicos que realizaron en barrios, indicó que «las mujeres transitamos el espacio de forma muy específica, donde hay más luz, donde hay más gente, donde se transita más y los varones no tienen un pienso de donde transitar. Como consecuencia del acoso sexual callejero, es las emociones que provoca, «el miedo de que nos pase hago por el sólo hecho de ser mujer», remarcó.

Torre señala que «la planificación urbana está pensada para ellos y desde ellos, tiene una masculinización muy grande y es necesario reconstruirla». En este sentido, es importante «incorporar la perspectiva de género cuando pensamos en espacios públicos es un desafío que resulta ineludible para garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la ciudad», concluyó.



Publicado el viernes 29 de noviembre de 2019

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