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Jueves 9 de Julio de 2020

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Arim: Temas que no deben ser «de urgente consideración»

El 22 de enero el gobierno electo dio a conocer la primera versión del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que espera presentar ante el próximo Parlamento. El proyecto incorpora propuestas y modificaciones a normas vigentes que involucran directamente a la Universidad de la República (Udelar) y a toda la educación pública. El Portal de la Udelar dialogó con el rector Rodrigo Arim acerca de estos cambios y cómo afectarían al desarrollo de las funciones de la Universidad.

En el capítulo referido a la Educación, el borrador de la LUC propone el reemplazo del actual Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) por un Sistema Nacional de Educación. Al respecto el rector señaló que la Udelar es partidaria de construir un SNEP que funcione efectivamente, lo cual se establece en la Ley General de Educación como un objetivo estratégico. Si bien reconoció que el actual sistema no ha funcionado con la fluidez y la efectividad que requiere, «la solución no puede ser desarticularlo».

Arim indicó que las instituciones de educación pública del Uruguay deben coordinar y tener espacios reconocidos donde «nuestras políticas converjan y exploten lo mayor posible los alcances de complementariedad, y eso requiere de espacios de coordinación específicas en el sector público». Indicó que con esta propuesta «no solo se renuncia a esos espacios, sino que se incorpora una noción mucho más amplia que abarca instituciones públicas y privadas y a otras entidades en pie de igualdad». Esto le preocupa porque se realiza a partir de un mecanismo como la LUC que implica una discusión acotada. La lectura de este borrador revela «un modelo de educación que aparentemente no distingue entre lo público y lo privado», sostuvo.

Enumeró algunos logros que han surgido del trabajo coordinado entre las instituciones de educación pública, tales como el Polo Educativo de Rivera y las carreras de Tecnólogo, que son compartidas entre la Udelar, la Universidad Tecnológica (Utec) y la ANEP. «¿Dónde se van a realizar esos espacios de coordinación?», cuestionó, «con la eliminación del SNEP se pierde un anclaje institucional claro que nos obligue a coordinar y que nos ubique en un escenario donde los recursos públicos se utilicen de manera eficiente».

La LUC propone que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) asuma un rol más preponderante en el sistema, indicó Arim. A la vez este deberá presentar un Plan Nacional de Educación Pública, pero no está obligado a coordinar con los organismos públicos para su elaboración. «Sería razonable» que sí fuesen consultados, y eso no está establecido en la ley con claridad, señaló.

Un punto en el borrador que también preocupa al rector es el que propone modificar la actual Ley General de Educación eliminando el siguiente enunciado: «No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales, que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización». Arim expresó que «la vocación de lucro debe estar excluida del funcionamiento de un sistema educativo sano cuyos objetivos trasciendan los beneficios particulares». Añadió que no se especifican las razones por las cuales se elimina esa noción: «uno tiene que suponer que hay una cierta intención de incorporar instituciones con fines de lucro al sistema educativo y eso es un supuesto muy complejo para el desarrollo futuro de la educación en Uruguay».

Otro de los cambios que se proponen, relativo al proceso de reválida de títulos extranjeros, incorpora una modificación en la Ley Orgánica de la Universidad. Arim dijo que «es un hecho muy serio» que no se haya instrumentado un mecanismo de consulta y de intercambio previo con la Udelar, «la naturaleza de las modificaciones hacía imprescindible esta consulta». La LUC transfiere la responsabilidad exclusiva de la gestión de reválidas de títulos habilitantes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El rector explicó que con esta postura, la Udelar «no niega la posibilidad o la pertinencia de incorporar cambios en la normativa de reválidas, sino que señala los errores del procedimiento».

Formación o profesión
En el proyecto se intenta generar un nuevo sistema de reválidas a nivel nacional «pero se cometen algunos olvidos», explicó. En primer lugar, «por alguna razón que no se explicita», la potestad de gestionar las reválidas se le retira exclusivamente a la Udelar. El borrador no menciona la posibilidad de retirar la misma potestad a la Utec y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La propuesta sobre reválidas no tiene en cuenta «los mecanismos de transición necesarios para implementar este cambio, ni la situación actual de los procesos de reválidas en la Udelar, que involucra centenares de casos anuales» indicó. Entonces «hay un vacío en este proceso que va a dejar muy expuesto el derecho de los migrantes a pedir una reválida en un contexto que no deja claro cuál va a ser el procedimiento».

Además, tal como está formulada la ley, lo único que se transfiere al MEC es la reválida de títulos habilitantes para el ejercicio profesional. La Udelar no solo revalida esos, sino también los títulos de grado que no habilitan para el ejercicio específico de una profesión, que son la mayoría de los que se gestionan en la institución. Es decir, la Udelar pierde la potestad de hacerlo, pero no está claro qué organismo pasará a revalidar los títulos no habilitantes. «Los migrantes necesitan sus reválidas como mecanismo que señaliza el valor universitario de su formación», sea de un tipo o de otro, afirmó Arim. Una situación similar sucede con los títulos de posgrado, dado que la mayor parte no son habilitantes para el ejercicio profesional, explicó Arim.

El rector sostuvo que los procesos de reválida son procesos delicados sobre los que hay que hacer un análisis técnico fundado con criterios ágiles y flexibles, que asegure que el reconocimiento se asocie a las habilidades profesionales y analíticas del nivel de formación que posee la persona. Afirmó que en otras partes del mundo ha sucedido que «estos procesos quedan sujetos a los vaivenes propios de los nacionalismos de turno» y que en ciertos contextos, la no revalidación puede responder a «razones de corte más coyunturales y políticas».

En cualquier caso, Arim entiende que falta una revisión más general del proyecto de ley, donde además «la Udelar debería participar como principal actor institucional que hoy es encargado de estos procesos». Cuestionó especialmente el mecanismo propuesto: resolver este tema con dos artículos en una ley de urgente consideración «no es razonable», porque las características del sistema no se definen con precisión y por tanto generarán incertidumbre y problemas operativos cotidianos. Además, no se da espacio a la discusión acerca de un nuevo sistema público de reconocimiento de reválidas.

De largo plazo
Los artículos de la LUC referidos a las compras del Estado incorporan restricciones a ciertas compras directas. Esta ha sido una vía utilizada en la Udelar para adquirir equipamiento científico, especialmente en las sedes del interior, donde se han instalado importantes laboratorios. Señaló que la Universidad es la principal afectada por esta modificación, ya que muchas otras instituciones de investigación en el país operan en el derecho privado y por tanto no se verán afectadas por la modificación. Expresó que «es una restricción que de alguna manera instrumenta un complot contra la posibilidad de que la Universidad haga un uso eficiente de los recursos, compre e importe en forma directa equipamiento científico».

La restricción tendría una repercusión muy relevante y afectaría todo el funcionamiento de la institución, sostuvo Arim. El cambio beneficiaría a la cadena de distribución nacional, ya que la Udelar debería recurrir a mecanismos intermediados por empresas de importación. Podrían afectarse así los plazos y la calidad de las compras, y seguramente aumentarían los costos. Estimó que con estos mecanismos es «muy probable que el resultado final sea la compra de un equipamiento que no sea el adecuado», además, «no se explican las razones por las que se introdujo la modificación».

El rector también llamó la atención sobre las modificaciones de la LUC a las normas que rigen las contrataciones directas del Estado. De aprobarse esta ley las universidades privadas podrán acceder a contratos directos con cualquier organismo público —por ejemplo para capacitaciones, estudios y asesorías—. A esto se agrega otra medida: la eliminación de la posibilidad de contratación directa de las fundaciones instituidas por la Udelar por parte de organismos del Estado. Arim sostuvo que esta propuesta «socava la capacidad que tiene la Udelar para hacer oferta competitiva con el sector privado». Agregó que «como no hay explicitación de motivos es muy difícil de interpretar, pero el resultado final parece ser intentar limitar la capacidad de la Universidad para operar, y apoyar a otros organismos en este plano».

En la reunión que la delegación de la Udelar encabezada por el rector mantuvo con el futuro equipo a cargo del MEC, Da Silveira dejó en claro que existe «una posición muy firme con respecto a que a través de esta ley se va hacia una reestructuración global del sistema de educación». Por otro lado, hubo buena disposición a recibir las inquietudes de la Udelar acerca de estos temas. Se recibieron las sugerencias acerca del proceso de reválidas y se manejó la posibilidad de articular con las futuras autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para revertir aspectos relativos a las compras y contrataciones.

Para la Udelar la propuesta planteada para el sistema nacional de educación es preocupante, «entendemos que la necesidad de una reestructuración global, en todo caso, debe discutirse en otro contexto y no en el de esta ley», afirmó Arim, «creo que todavía el país tiene la posibilidad y nosotros la obligación de aportar elementos a una discusión que no debería darse bajo el paraguas y plazos de la urgente consideración, porque es sustantiva y tiene efectos de largo plazo».

El rector informó que la próxima sesión del Consejo Directivo Central (CDC), que se realizará el martes 4 de febrero, tiene como primer punto a tratar estas modificaciones introducidas en la LUC. Es probable que a partir de esta instancia, la Udelar emita una declaración específica. Añadió que el objetivo de la institución es mantener un diálogo fluido, en este sentido posteriormente habrá nuevos encuentros con futuras autoridades del MEC, de otros ministerios y representantes de las distintas bancadas parlamentarias, con el fin de intentar revertir algunos de estos planteos.

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Publicado el lunes 3 de febrero de 2020

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